Los Estados son jugadores clave en las economías de nuestra región, pues contratan un gran número de servicios y bienes. De ahí la importancia de saber qué se compra, cuánto se compra, dónde se compra y si existe, o no, la posibilidad de que las transacciones sean más eficientes, entregando valor por dinero. Pero también existen otras buenas razones para saber qué compran los Estados, particularmente luego de los escándalos de corrupción que han emergido en América Latina en estos últimos tiempos. La ciudadanía quiere procesos transparentes y justos, no solamente eficientes. ¿Qué pueden hacer los Estados frente a esto? ¿Y cómo? ¿ Puede la tecnología cívica y el uso de los datos abiertos hacer algo al respecto? Eso es lo que un grupo de activistas, funcionarias y técnicos de toda la región discutieron en un taller que tuvo por anfitriona a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción de México en la Ciudad de México durante los días 30 y 31 de mayo del 2018.

Durante dos días, representantes de 11 países de América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y República Dominicana), convocados por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales y contando con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Open Contracting Partnership (OCP), Hivos, el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), la Fundación Avina y facilitado por el equipo de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos (ILDA) discutieron temas relevantes para identificar el estado de las contrataciones abiertas en la región.

Las discusiones cubrieron un rango de temas variados, comenzando por las experiencias en la región utilizando tecnología en contrataciones abiertas. En el primer panel, representantes de Chile Compra y Colombia Compra Eficiente expusieron los logros, así como los retos a los que se han enfrentando al utilizar tecnología para transparentar las compras públicas en sus países. En este panel, Colombia Compra Eficiente destacó que una lección valiosa es que a los primeros a los que se tuvo que convencer – para abrir los datos de contrataciones públicas- fue a ellos mismos, demostrando el valor que esto tiene para el mismo organismo.

Asimismo, se contó con un panel sobre los casos que inspiran la región tanto del sector público como de gobiernos nacionales y sub-nacionales. En este panel, María Angelina Alarcón del Gobierno del Estado de Jalisco, María Jimena Vernaza de Colombia Compra Eficiente, Ana Carolina Alpirez de Ojo con mi Pisto, organización de la sociedad civil de Guatemala, y María Teresa Díaz de Agüero del Ministerio de Hacienda de Paraguay, compartieron sus experiencias y retos a los que se han enfrentado con la comunidad. Este panel nos demostró buenas prácticas y ejemplos inspiradores en la región, para continuar con entusiasmo las dinámicas y talleres.

Además de los paneles, en los dos días de taller se llevaron a cabo dinámicas estilo “café regional”, donde los participantes tuvieron la oportunidad de hablar sobre distintos temas como el estado de la política de contrataciones abiertas en América Latina. Este espacio permitió identificar diferencias a nivel regional entre los marcos normativos que hacen posible las contrataciones abiertas en los países. De forma similar, al hablar de la infraestructura tecnológica para las contrataciones abiertas, se descubrió que algunos países tienen sistemas de compras públicas transaccionales en línea y algunos cuentan con portales públicos con datos abiertos. También se destacó los países que ya publican bajo el Estándar de Contrataciones Abiertas de Open Contracting Partnership (EDCA/OCDS, por sus siglas en inglés) como México (SFP/SCHP, INAI, Gobierno del Estado de Jalisco, CDMX), Uruguay,  Colombia y Paraguay (DNCP / Ministerio de Hacienda). Asimismo, algunos pariticipantes manifestaron que quieren comenzar a hacerlo pronto, como fue el caso de República Dominicana.

En otra de las sesiones donde se discutió el uso de datos, hubo un consenso general sobre la demanda generalizada de datos sobre fiscalización, adjudicación, ejecución de la obra e información sobre los dueños de empresas, y se destacó que un reto es que aunque se publica información sobre la forma compra, no se publica aún sobre el “fondo” o motivo de la compra. Además de que no hay integración entre sistemas nacionales y estatales o locales y el diseño no está centrado en el usuario lo cual dificulta un uso extendido de los datos por la ciudadanía. Otro reto que se encontró al hablar de los modelos de evaluación de las contrataciones abiertas es que en general se evalúa el cumplimiento de la norma, pero no la difusión o el uso de los datos y hay pocos ejemplos de monitoreo ciudadano de los mismos.

Al ser México el país anfitrión, se llevó a cabo un panel para hablar sobre la experiencia en contrataciones abiertas y control social en México, en el conversatorio participaron Alejandra Rascón, Titular de la Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP); Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana; Enrique Zapata, director general de Datos Abiertos de Presidencia de la República; Aura Martínez, directora de Análisis de Información del Desempeño Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y Juan Pablo Guerrero, Director de Global Initiative for Fiscal Transparency (GIFT). El panel fue moderado por Susana García, Coordinadora de Asesores de la SESNA. En este panel, Eduardo Bohórquez destacó  que México tiene una Ley General de Transparencia muy completa que incluye el tema de gobierno abierto y que al replicar el EDCA se necesitaba del empuje de las instituciones para alcanzar lo dispuesto en el marco legal mexicano e ir más allá. Por su parte, Alejandra Rascón de la SFP mencionó que los esfuerzos de contrataciones abiertas han requerido la cooperación institucional y resaltó que “para que un proyecto tenga éxito tienes que estar dispuesto a perder la paternidad de los proyectos”.  

Al hablar sobre los retos de implementar las contrataciones abiertas en México, Joel Salas, Comisionado del INAI, habló sobre lo importante que es no dejar de lado el componente de la brecha digital en el país, al establecer que  “la inteligencia colectiva debe ser útil para que las personas con un poco de información son las que más puedan ganar”, por su parte Enrique Zapata, director general de Datos Abiertos de Presidencia de la República, dijo que el mayor reto es entender que “no se trata de los datos, se trata de tener a los humanos en el centro”. Aura Martínez (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) hizo énfasis en que los datos abiertos necesitan demanda; si no hay un periodista o ciudadanos que los utilicen, el publicar datos abiertos no va a ser sostenible. Por su parte, Juan Pablo Guerrero, de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT) resaltó que el reto es que la transparencia beneficie al ciudadano, para lo cual se requiere voluntad política, coordinación y demanda social.

Como dinámica final, se realizó un ejercicio de imaginar el estatus de las contrataciones abiertas en América Latina en el 2025, donde los participantes llevaron a imaginar una política de contrataciones abiertas en la que la ciudadanía se convierte en contraloría por medio del acceso a la información, con la posibilidad de hacer denuncias a través de la información que tienen disponible. Un 2025 en el que exista un sistema integrado de datos abiertos bajo el formato del EDCA, creando la posibilidad de que distintas naciones hablen un mismo idioma en el formato de sus datos de contrataciones abiertas. Para lograr esto, se identificó que se necesita coordinación institucional, homologación e interoperabilidad de la información, capacitación a funcionarios y ciudadanía, y principalmente, escuchar al usuario para identificar claramente cuál información es más valiosa.

Una de las principales conclusiones del taller, es que existe un camino para el uso de los datos abiertos, y particularmente los estándares de datos en materia de monitoreo de compra pública. Hay ejemplos iniciales, presentados en el taller y en eventos informales asociados al mismo que demuestran que, más allá del sistema de compras que se utilice, la estandarización permite entender mucho acerca de a quién le compra el Estado y cómo. Otra conclusión, es que no todos los países de la región cuentan con recursos técnicos y financieros para avanzar en la liberación de datos, así como existen desafíos en términos de la voluntad política de los gobiernos. Finalmente, el mayor desafío es el ponerse en el papel de quien usa estos datos, tanto para combatir la corrupción, para denunciar, o para entender más la realidad de su Estado, en el contexto político o administrativo que enfrenta.

Como primer paso después de este valioso encuentro, los países de la región discutirán las bases de una política modelo de contrataciones abiertas con el apoyo de las instituciones aliadas mencionadas y la contribución de quienes han participado en este taller. Un camino largo pero necesario en América Latina.

Este post fue escrito por María Esther Cervantes y Fabrizio Scrollini, integrantes ILDA