Por Ana Joaquina Ruiz Guerra.

Las contrataciones públicas son fundamentales para las economías de los países. De acuerdo con el BID, representan alrededor del 8.6% del PIB total de América Latina y el Caribe, lo que equivale en promedio al 30% del gasto de los países y a 450 mil millones de dólares en adquisición de bienes, servicios y equipos de capital. Durante los últimos años, las compras públicas han estado en el centro del debate debido a su susceptibilidad de ser espacios para la corrupción, pero no hemos retomado la importancia de usar este instrumento como mecanismo de inclusión de grupos que tradicionalmente han estado fuera del desarrollo. 

Para conocer cómo es que las adquisiciones públicas se dirigen al objetivo de incluir a más mujeres, debemos hacernos dos preguntas: ¿a quién van dirigidas las compras públicas? ¿Quiénes son las personas y empresas que proveen al Estado? Nos concentramos en la segunda. 

Fomentar la inclusión al desarrollo vía contar con más mujeres en el padrón de proveedores ha probado ser un esquema útil, particularmente en el caso de pequeñas y medianas empresas, que en caso de ser lideradas o integradas mayoritariamente por mujeres, suelen ser más pequeñas y tener una baja tasa de sobrevivencia. Sin embargo, no contamos con información suficiente para saber cuántas proveedoras del Estado existen en la mayoría de los países. 

Aún a pesar de la implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones de Datos Abiertos (OCDS), en países como Colombia, Chile o México, en los que existen datos desagregados por sexo, no podríamos saber si los procesos de adjudicación las benefician en términos de inclusión para el desarrollo. Por ejemplo, en el caso de Colombia que es el que presenta los datos más completos, podemos visualizar el número de licitantes mujeres que han hecho la compra, pero no podemos saber qué lugar ocupa esa mujer en la empresa, ni es una empresa liderada por mujeres. En dicho caso, no sabemos si la compra favorece a la inclusión de mujeres en el padrón de proveedores. 

Una forma de superar este problema ha sido a través de la generación de distinciones específicas que identifican a empresas lideradas por mujeres, que sean propiedad en más del 50% por mujeres o bien, cuya representante legal o gerenta general sea mujer si son personas jurídicas, como en Chile y en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. En Chile, estas distinciones han incrementado el número de mujeres proveedoras del Estado debido a que también permiten hacer capacitaciones dirigidas, tanto como otorgar puntajes adicionales en la adjudicación a empresas dirigidas por mujeres, y tomar el sello como un criterio de desempate. 

República Dominicana ha llevado esta diferencia a un nivel más, ya que generó un Catálogo de Mujeres Proveedoras del Estado, que les ha permitido capacitar de forma dirigida a las mujeres en el proceso de compras, tanto como recoger sus opiniones para mejorar la inclusión en los procesos de compras. Ello se empató con diseños de licitaciones dirigidas a mujeres y un sorteo de obras entre quienes cumplen con los requisitos suficientes, lo que permite a las mujeres competir en igualdad de condiciones. Los resultados de República Dominicana están presentados seccionados por sexo, mencionando que se pasó de 2 mil a 15 mil proveedoras del Estado, desde 2012, quienes han realizado 18% de las adjudicaciones.

El otro esquema que se ha utilizado es el de generar inclusión en el esquema general de compras. En Colombia se ha recomendado utilizar una guía de compras socialmente responsables a fin de incluir cláusulas sociales en los procesos de contratación. La Alcaldía de Cali, por su parte, cuenta con una Guía para la Inclusión en las Compras Públicas: un enfoque de género. Dichas guías señalan que se puede generar una cláusula en el contrato que obligue al contratista a incluir a un porcentaje de la población vulnerable, o de mujeres, como parte de quienes serán beneficiados por la compra. Falta información para saber qué tanto se han aplicado estas cláusulas y cuál es su impacto.  

En conclusión, las compras públicas pueden ser utilizadas para la inclusión de las mujeres en los procesos de desarrollo; pero este marco aún es incipiente. De los casos analizados (México, Colombia, Chile, República Dominicana y la Ciudad de Buenos Aires), las mejores prácticas las tiene la República Dominicana. Ello se debe a que el proceso de compra también se concibe como uno que fomenta la inclusión de mujeres, por lo que se arroja cuenta de cómo es que las adquisiciones públicas contribuyen a su participación económica. Sin duda, la información aún puede mejorarse en la región a partir de distinguir cómo es que las compras del gobierno pueden mejorar la calidad de vida de las personas. 

1. El BID ha estimado que la corrupción en las compras públicas de América Latina cuesta a la región al menos el 1% del PIB de los países. 

2. La inclusión es un término vinculado a la movilidad social y a que todas las personas tengan oportunidades similares para alcanzar su desarrollo y particularmente vinculado a la consecución de condiciones materiales suficientes. Relacionado con el discurso de Derechos Humanos y la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el término inclusión nos permite referir a la idea de derrumbar las barreras que existan para que las personas puedan incluirse al desarrollo (Mancini, 2015).