Por Juan Ortiz Freuler- @juanof9

Datos->Política

Quien controla la creación y distribución de los datos opera como el titiritero de la alegoría de la caverna de Platón: definiendo cómo vemos el mundo (rol descriptivo), y en función de ello las políticas que construimos para alcanzar nuestros objetivos como colectivo (rol prescriptivo). Ese ha sido en buena medida la función del Estado durante los últimos siglos. El ejercicio de este poder no siempre es en beneficio de todos los sectores. En el Censo argentino de 1895 por ejemplo se afirmó “No es posible, pues, ni tiene importancia, presentar un cálculo en cifras absolutas de los habitantes que no pertenecen a la raza blanca (…)», para luego concluir «La cuestión de las razas, tan importante en los Estados Unidos, no existe pues en la República Argentina, donde no tardará en quedar su población unificada por completo formando una nueva y hermosa raza blanca …»[1]. Del mismo modo, cuando el Estado produce una base de datos sin una desagregación por género limita nuestra posibilidad como ciudadanxs de entender lo sistemático de la discriminación que sufren las mujeres. Y cuando el Estado define género de manera binaria (Hombre/Mujer), quizá profundiza la exclusión de quienes no se identifican con esas categorías.

Contar y categorizar son formas de ejercer el poder. Definen el mapa y la brújula.

En una democracia entendemos que el pueblo se gobierna a sí mismo. Si entendemos que los datos son una fuente de poder, y que el pueblo se gobierna a sí mismo a través de las instituciones del Estado, entonces las nuevas tecnologías que facilitan reproducción y distribución de datos son herramientas que permiten (re)distribuir el poder que alguna vez se vio concentrado en el Estado (por necesidades técnicas y costos de reproducción) entre todos los integrantes del pueblo que lo sostienen al Estado.

Suena un proyecto interesante. Sin embargo, uno de los supuestos más problemáticos de las políticas de datos abiertos gubernamentales (DAG) es que al proporcionar acceso libre y gratuito a los datos, todos están en igualdad de condiciones para aprovechar el valor de estos datos. Los datos se suelen liberar a través de internet cuando sólo una porción de la población tiene acceso a la red. Además sólo un reducido subconjunto de este grupo de personas con acceso a internet tiene las habilidades necesarias para procesar estos datos. Más allá de las falencias en estos habilitadores para la obtención de beneficios directos, ofrezco tres ejemplos que sugieren que las políticas de apertura de datos gubernamentales actuales favorecen de manera desigual a distintos grupos:

-El Barómetro de Datos Abiertos (Web Foundation, 2015 y 2016) señala que se han logrado pocos avances en las políticas de DAG en las áreas de inclusión social y ambientalismo, mientras que el aspecto empresarial parece más prominente [2].

-Bright et al. (2015) exploran el portal del DAG del Reino Unido y muestran que los conjuntos de datos del fondo de comercio del sector público «tienen un 975% más de probabilidad de ser descargados que otros conjuntos de datos» [3].

-En México, la formulación inicial de la política de DAG siguió un enfoque basado en la demanda que se apoya en los registros de pedidos de acceso a información pública para definir qué conjuntos de datos deben abrirse primero, incluso cuando las estadísticas oficiales muestran que el 80% de estas solicitudes de acceso a información fueron presentadas por personas con título universitario (Ortiz Freuler, 2015) [4].

En conclusión, las políticas de apertura de datos tienen la capacidad de correr el eje de poder. El eje puede ser desplazado hacia «todos los individuos que componen el pueblo», o bien hacia el grupo pequeño que conforman las élites y/o grandes empresas.

Si aceptamos que este es un riesgo real, la decisión de abrir datos debería ser tomada por el Poder Legislativo, máximo representante de la voluntad y los intereses de (todos?) los sectores que componen al pueblo, a quienes pertenecen los datos. El Legislativo es quien puede y debe ofrecer una mirada holística, y avanzar en la definición de un contrato social acorde los nuevos tiempos. Los datos y su apertura son sólo uno de los pasos y componentes de la cuarta revolución industrial que ya está en marcha. ¿Se ejecutará en beneficio de todxs? Si los datos hacen al poder, ¿Los Facebook y Google de esta era son potencial competencia para el Estado? Saben más acerca de muchos de nosotrxs que el mismo Estado. Saben quiénes son nuestras amistades, qué nos gusta, nuestros patrones de sueño, y estados de ánimo. Estos grupos son los más preparados para sacarle provecho a los datos del Estado. ¿Sus intereses están alineados a los del pueblo? ¿Si generan valor a partir de los datos públicos, deberíamos modificar las cargas impositivas acordemente?

Estos debates rara vez se llevan a cabo en el Poder Legislativo, y las políticas de datos abiertos suelen diseñarse vía decreto del Poder Ejecutivo, sin un debate parlamentario previo. Esto es problemático porque el Ejecutivo es un poder organizado de manera vertical donde lidera una persona elegida por la mayoría del pueblo (no todo el pueblo), y que no necesariamente se apoya en un sistema deliberativo para la toma de decisiones. Tampoco tiene el Ejecutivo la capacidad de definir las cargas impositivas ni el gasto público, ni mandar al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo no tiene la capacidad de ofrecer una visión holística. Nos debemos un debate urgente como sociedad. ¿Para qué y para quién debería liberar datos el Estado? ¿Qué datos debería producir un Estado democrático? ¿Cómo los debería producir? ¿Y distribuir?¿Cómo asegurarnos de que sean aprovechados por el pueblo para mejorar su capacidad de gobernar? ¿Cómo lograr que grupos excluidos encuentren en los datos una herramienta para defender sus derechos e intereses?

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Exploro en mayor detalle la relación entre datos, pueblo, y poder en una reseña abierta a sus comentarios acá: http://bit.ly/Datos_Para_Quien A través del enlace también podrán acceder a un documento más extenso en el cual analizo los marcos normativos de apertura de datos gubernamentales en siete países para tratar de entender qué objetivos persiguen.
[1] II Censo Nacional de 1895, Pgs XLVI – III, disponible acá
[2] Open Data Barometer. 2015 y 2016. Opendatabarometer.org
[3] Bright, Jonathan and Margetts, Helen Zerlina and Wang, Ning and Hale, Scott A. (2015). “Explaining Usage Patterns in Open Government Data: The Case of Data.Gov.UK” Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2613853
[4] Ortiz Freuler, Juan. Estado de la Oferta y la Demanda de Datos Abiertos Gubernamentales en México: Informe diagnóstico sobre datos.gob.mx. 2015. http://bit.ly/datamxEsp [nota: el propio autor ha sido víctima del mismo marco teórico del new public management que critica, tal como se traduce en la elección del título del documento que aquí se cita.]