Cascais: Sede del próximo encuentro de la Red Global para la Transparencia Fiscal (GIFT)

Todos los años, en una especie de ritual mundial, Estados nacionales, sub-nacionales, municipalidades se aprestan a aprobar presupuestos donde se decide buena parte (sino toda) de los recursos públicos de un país o comunidad. No hay decisión más importante. La lírica de las promesas cede antes los números y recursos. Y sin embargo, muchas de estas decisiones se toman entre pocas personas, con limitado conocimiento de los temas, sin adecuado escrutinio público y muchas veces sin considerar la conexión de estas decisiones con los objetivos de desarrollo o metas de un país. Muchas veces quienes avalan las decisiones, no son conscientes de la complejidad de lo que votan y ejecutan. Pocas personas son capaces a su vez de explicar- con datos verificables en la mano- por qué habría que recortar gastos en tal o cual lugar, o aumentarlos. Asumo que en las entidades legislativas que aprueban estos presupuestos, reina una relativa buena fe, un supuesto bastante endeble frente a los casos de corrupción que han emergido en varios parlamentos de América Latina (y el mundo).

El presupuesto se trata de una decisión compleja, con pocas personas capaces de explicarla, que opera en ambientes de alta carga política y determina el rumbo entero de comunidades y países. Y muchas veces se toma en base a la inercia de decisiones previas, o sin el adecuado análisis a la luz pública. Por largo tiempo, varios  estudios académicos provenientes de la economía y ciencia política han apuntado a la importancia de entender la política detrás de quienes aprueban los presupuestos. Quienes son, que los mueve, cómo es el proceso, que lógicas se siguen. Por otro lado, gobiernos y ciudadanía ha decidido experimentar con modelos más participativos para asignar parte del gasto público (sobre todo a nivel local) aunque dichas experiencias no están del todo sistematizadas, y no han sido del todo democráticas. Porto Alegre, fue el caso estrella de esta metodología por mucho tiempo. Incluso hoy existen herramientas de tecnología cívica que permiten debates amplios sobre presupuestos las cuáles no han sido masivamente adoptadas. Y finalmente, hay quienes se han especializado en la transparencia de estos procesos y actuar como guardianes en distintas áreas presupuestales, alertando a la opinión pública. Este grupo, generalmente está conectado con la prensa masiva, pero es un grupo altamente especializado y pequeño. Ocasionalmente obtienen resultados como el esfuerzo conjunto en Argentina de ACIJ y una coalición de organizaciones trabajando en género, quienes descubrieron el «olvido» del gobierno argentino en el financiamiento de programas de violencia contra la mujer. Todos estos intentos han tenido en común: luchar contra la ausencia o pobreza de datos provistos por los gobiernos y la dificultad de ser transmitidos a la ciudadanía de forma que se relevante para la misma. Analizar hasta el infinito enormes mamotretos de papel, o en su mejor caso, pdfs, para encontrar como varian estos datos y ver de que forma hacerlos llegar. En el siglo XXI eso no es aceptable.

Desde ILDA hemos puesto foco en éstas dos cuestiones, con resultados que promueven más preguntas que respuestas. Junto con Manuel Aristarán investigamos si era posible y cómo publicar los datos del presupuesto uruguayo de una forma más entendible para la ciudadanía. Para esto y en colaboración con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, obtuvimos una base de datos y realizamos pruebas que derivaron en parte de la tesis de Manuel en el MIT sobre la importancia de visualizar los datos presupuestales. En parte nuestra investigación contribuyó a la mejor del portal pionero de OPP en América Latina sobre datos presupuestales. En el trayecto encontramos cosas que dificultan mucho el trabajo de quienes publican: infraestructuras tecnológicas que no son abiertas e impiden el acceso a los datos, problemas en el reporte de los datos y -crucialmente- diferentes audiencias a quienes deberían llegar. Nuestro trabajo concluyó que la estandarización es necesaria pero no suficiente para democratizar la información presupuestaria y que a mayor nivel de detalle, mayor involucramiento de los mandos medios es necesaria. Hay trabajos importantes que hacer en identificar cuáles son los usos esperados de la información presupuestaria, y los usuarios internos son clave en ese proceso. Es poco probable que exista un mega-sistema que resuelva esto pero si forma de conectar sistemas existentes y permitir un seguimiento más racional del dinero en el Estado.

Por otro lado una de nuestras primeras investigaciones, la cuál continuamos con un proyecto posterior fue  el apoyo a Cuidando do Meu Barrio en San Pablo. Aquí – a nivel local- exploramos quienes eran los intermediarios que usarían esta información y para qué. Tratamos de desarrollar nuevos usos y construir herramientas que hicieran sentido para que la población local pudiera monitorear el presupuesto.  Pero nos encontramos, que más allá de unos pocos intermediarios, no hay tanto interés en las personas de monitorear donde va ese dinero. Nunca aparecieron los prometidos “auditores/as desde sus laptops” que harían uso de los datos. Las explicaciones para esto van desde la falta de tiempo, capacidad o interés en este tipo de agenda. No todas las personas- mal nos pese – desean o pueden ser ciudadanas activas en sus comunidades.

Aunque aún es muy temprano para decirlo, el campo de las compras públicas en el cuál también incursionamos tiene similitudes. De hecho si una persona quisiera seguir el proceso de cómo se compró una partida de medicamentos hasta la asignación presupuestal, y de donde efectivamente salió el dinero, también la tendría difícil. Nuestros gobiernos y sociedades navegan con instrumentos del Siglo XX (en el mejor de los casos) en el Siglo XXI.

Estamos participando en la reunión anual de Global Fiscal Transparency Initiative esta semana, de la cuál somos parte en calidad de consejeros, porque en base a nuestros aprendizajes, tenemos preguntas para compartir

¿Cómo genuinamente puede democratizarse la información de presupuestos nacionales para que sirva a quienes toman decisiones y al público no especializado? Que incentivos tienen actores con un fuerte foco técnico para democratizar esta información?

¿Que infraestructura de datos se requiere y cuál es el rol que los estándares de datos abiertos juegan en eso? ¿Qué herramientas pueden funcionar de soporte para la democratización de esa información y cómo?

Y finalmente, cómo se conecta la información recibida con acciones en torno los presupuestos ¿incide que exista la posibilidad de decidir en dinámicas participativas tales como el presupuesto participativo? ¿ de ser así, cómo? ¿existen esos llamados contadores/as de escritorio? ¿Se puede hacer crowdsourcing del control presupuestario?¿Qué configura un proceso de participación real versus simulada u «open washing»?

Nuestra hipótesis inicial es que existen problemas de incentivos para usar esta información, así como en muchos casos cierto temor a liberarla. También pensamos que son pocas las personas y organizaciones que tienen acceso a los datos para sus fines. Para quienes tienen recursos, siempre será más fácil encontrar cómo hacer mejores análisis, mientras que quienes no los tienen, siempre tendrán dificultades para acceder los datos para sus fines. El analista de finanzas ubicado en Londres, que evalúa si invertirá o no en deuda pública soberana, tiene distintas necesidades que la activista que se encuentra en un barrio de San Pablo tratando de entender porqué no se ha invertido adecuadamente en salud materna. Tal vez, en plan de sostener alicaídas democracias, la labor de este tipo de activistas sea más esencial para conectar lo que se gasta, con lo que se obtiene y lo que realmente importa en cada sociedad.