En 2006, Phil Rodgers y Francis Irving desarrollaron los cimientos del sitio web «What do they know«. La idea detrás del sitio era simple: un software que permitiría a los ciudadanos enviar solicitudes de información pública en línea. En 2008, la organización no gubernamental británica MySociety completo el desarrollo del sitio.

La idea de desarrollar esta plataforma fue innovadora por varias razones: 1) no requirió el consentimiento del gobierno; 2) fue desarrollada en base a software libre (de código abierto); y 3) se ejecutó de forma voluntaria. La idea detrás del proyecto era que los ciudadanos solicitaran información a través del sitio web y que el gobierno respondiera.

Siguiendo estos primeros pasos, un grupo de actores de la sociedad civil ha desarrollado portales que permiten solicitar información en línea a los gobiernos en al menos 22 países. Sin embargo, a medida que aumenta el número de portales, se vuelve cada vez mas importante preguntarnos si estos desarrollos han mejorando, o no, los regímenes de acceso a la información pública (AIP).

Partiendo de esa pregunta, junto a Fabrizio Scrollini, hemos escrito un artículo – a pedido de U4 Anti-Corruption Resource Centre, y presentado por primera vez en la 18ª Annual International Conference on Digital Government Research– en el cual se presenta un marco analítico para explorar cómo los portales de solicitudes en línea influyen sobre los regímenes de AIP.  Este artículo se basa en el análisis de 5 portales desarrollados por organizaciones de sociedad civil. 

En este paper, en primer lugar, proporcionamos una descripción general de cómo estos actores y tecnologías han evolucionado a nivel global, mientras que ofrecemos un conjunto de definiciones básicas sobre los regímenes de AIP y de tecnología cívica. Luego, exploramos cada caso siguiendo un marco comparativo. En tercer lugar, discutimos el rol de los gobiernos y los órganos garantes. Finalmente, ofrecemos un conjunto de recomendaciones para futuras iniciativas.

Argumentamos que sin el desarrollo de estos portales algunos de los cambios positivos en estos regímenes de AIP no se habrían materializado. De esa manera – y a modo de resumen- en el mejor de los casos estos portales influyen en la manera en que funcionan la administración pública y órganos garantes del derecho de AIP, como ha sido el caso en Chile y Uruguay. Por otra parte, en escenarios con niveles bajos y/o nulos de colaboración, estas plataformas han colaborado con la documentación de las dificultades que enfrentan los solicitantes, como ha sido la plataforma española.

Teniendo en cuenta que hay más de 100 leyes de AIP en todo el mundo, todavía hay espacio para difundir y analizar estos portales. En particular, hay todavía mucho espacio para repensar la forma en que estos proyectos pueden adaptarse mejor a un contexto local determinado y así mejorar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de numerosos usuarios.  Este es nuestro aporte al área de estudio pero esperando que se sumen muchos otros estudios (que también esperamos nos envíen para subir a la plataforma RIGA).

Si queres saber mas sobre el tema, te esperamos este sábado (18/11) a las 8am en la Facultad de Derecho de la UBA, en Buenos Aires. Allí estaremos (tempranito!), charlando con otros colegas, durante la jornada académica, en el marco del encuentro regional de la Alianza para el Gobierno Abierto.