Por: Javier Barrero, Investigador en Uruguay del Proyecto Estrategias de Intercambio de Datos en América Latina.

Consolidación de un marco regulatorio y una infraestructura digital

Uruguay ha logrado consolidarse como líder en gobernanza de datos e interoperabilidad, estableciendo un marco regulatorio y una infraestructura digital de referencia en la región. Este avance ha sido el resultado de una estrategia coordinada y progresiva, impulsada por diversas iniciativas de transformación digital en el Estado, generando beneficios tangibles para los ciudadanos y las instituciones. Sin embargo, para asegurar un desarrollo sostenible y equilibrado, el país enfrenta desafíos que requieren atención continua, especialmente en áreas como la privacidad de los datos, la participación de múltiples sectores en la gobernanza y la integración segura de tecnologías emergentes.

Un marco normativo en constante evolución

Desde una perspectiva de marco habilitante, el país ha generado el marco normativo que regula el intercambio y la protección de datos personales en evolución constante, como ser la promulgación de la Ley 18.331 en 2008, que estableció los derechos de privacidad de los ciudadanos y creó la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), o la adopción de estándares internacionales en 2020 mediante la Ley 19.889, alineada con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Entre otros casos, estos dos casos se presentan como buenos ejemplos, de normativas que aseguran la protección de los datos personales y refuerzan la confianza pública en la gestión de la información.

El rol de AGESIC y la Plataforma de Interoperabilidad

El papel de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) ha sido fundamental en esta evolución. Desde su creación en 2007, ha liderado el impulso hacia la interoperabilidad, con el fin de mejorar la eficiencia en la administración pública y garantizar la seguridad en el manejo de los datos. Uno de los proyectos insignia es la Plataforma de Interoperabilidad (PDI), lanzada en 2008, que permite a múltiples organismos intercambiar datos de forma controlada y segura. La PDI ha sido clave en proyectos de impacto como la Historia Clínica Electrónica Nacional, que permite el acceso a datos de salud de los ciudadanos en tiempo real, y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, iniciativas que van más allá del intercambio de datos en el ámbito público e incorporan a actores privados tanto en sus esquemas de gobernanza e interoperabilidad de datos.

Inclusión de múltiples sectores en la gobernanza de datos

La gobernanza de datos en Uruguay no solo involucra al sector público, sino que también busca promover la participación de la sociedad civil, el sector privado y la academia. La Agenda Uruguay Digital 2025 y el Plan de Gobierno Digital 2025 destacan la importancia de los datos como activos estratégicos y proponen objetivos claros para maximizar su valor en la toma de decisiones. Por ejemplo, el 5to. Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, lanzado en 2021, prioriza la interoperabilidad y la apertura de datos públicos, alineándose con principios de transparencia y colaboración entre instituciones.

Una iniciativa relevante en este contexto es el desarrollo de la Estrategia Nacional de Datos e Inteligencia Artificial, que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública. Esta estrategia busca consolidar una economía basada en datos y se centra en tres pilares: gobernanza de datos, infraestructura y desarrollo económico. A través de talleres y mesas de diálogo, se ha promovido una amplia participación de actores públicos y privados para definir los principios que guiarán el uso de datos en el país.

Desafíos en privacidad y regulación tecnológica

En cuanto a los desafíos, se presentan en Uruguay aspectos críticos vinculados a la gestión de la privacidad en el contexto de un ecosistema digital cada vez más complejo. La protección de los datos personales sigue siendo una preocupación constante, especialmente ante el creciente desarrollo y adopción de la inteligencia artificial (IA). A modo de ejemplo, el uso de tecnologías de vigilancia, como el reconocimiento facial y el ciber patrullaje, plantea desafíos en términos de regulación. La ausencia de protocolos específicos y transparentes para el uso de datos biométricos y la recolección de información en fuentes abiertas, ha generado debates sobre los derechos digitales y la posible invasión de la privacidad de los ciudadanos. Uruguay debe continuar trabajando en el desarrollo de un marco regulatorio claro y transparente que aborde estos aspectos y proteja los derechos de los ciudadanos.

Otro caso reciente vinculado al uso de datos por parte del Estado se presentó en el uso de la cédula de identidad en el censo de 2023. Esto generó una controversia en torno a la privacidad y el uso potencial de estos datos por parte del Estado. Este caso resaltó la importancia de que las políticas de gobernanza de datos incluyan un enfoque proactivo de comunicación con los ciudadanos para garantizar la transparencia en el uso de sus datos personales. La confianza en el sistema de gobernanza de datos es fundamental para la aceptación pública de nuevas políticas y tecnologías. Esto requiere no solo una regulación sólida, sino también estrategias de comunicación transparentes y proactivas que expliquen claramente a los ciudadanos cómo se gestionan y protegen sus datos. En un contexto donde el uso de datos se profundiza día a día, Uruguay debe asegurar que las decisiones de política pública se comuniquen de manera que construyan confianza, involucrando a la ciudadanía en el proceso y respondiendo a sus inquietudes de forma abierta y accesible.

La interoperabilidad de datos entre organismos públicos ha permitido a Uruguay mejorar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos. La PDI, ha facilitado la interconexión entre instituciones y el intercambio seguro de datos. Al cierre de 2023, la PDI era utilizada por 98 organismos públicos, con 27 de ellos compartiendo 221 servicios, lo que subraya su papel esencial en el ecosistema digital del país. Este nivel de adopción destaca la importancia de la PDI como infraestructura clave para la interoperabilidad en el sector público uruguayo. Sin embargo, uno de los retos actuales es integrar al sector privado en este ecosistema de forma segura. AGESIC ha propuesto recomendaciones para
permitir que entidades privadas accedan a la PDI bajo estrictas normas de seguridad y privacidad. Esta integración podría impulsar la creación de servicios digitales innovadores, siempre que se respeten los estándares de protección y gobernanza de datos. La inclusión del sector privado en la interoperabilidad de datos abre nuevas oportunidades de colaboración, pero también plantea desafíos en cuanto a la protección de la información y la equidad en el acceso a estos datos.

Participación de la sociedad civil en la gobernanza de datos

Por otro lado, en cuanto a los espacios de participación, si bien Uruguay ha promovido espacios de diálogo, aún existe la oportunidad de mejorar la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre políticas de datos. Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental en la defensa de la transparencia y los datos abiertos, pero su participación en la gobernanza de datos ha sido limitada. Generar espacios de diálogo sostenibles y estructurados puede enriquecer el proceso de toma de decisiones, aportando perspectivas diversas y promoviendo una gobernanza más equilibrada y confiable.

Interoperabilidad transfronteriza y desafíos regionales

El país también ha avanzado en la interoperabilidad transfronteriza, firmando acuerdos con otros países para facilitar el intercambio de datos de manera segura. Uruguay fue uno de los primeros países de América Latina en ser considerado adecuado por la Unión Europea para el intercambio de datos personales, lo que fortalece su posición como un referente regional en interoperabilidad internacional. Sin embargo, la falta de un marco de gobernanza regional en América Latina similar al de la Unión Europea plantea desafíos para coordinar y armonizar las regulaciones entre países. Esta carencia podría limitar la colaboración y el intercambio seguro de datos entre países. Desde su posición de liderazgo, Uruguay debe continuar impulsando una agenda regional en gobernanza de datos y apoyar la creación de normativas o acuerdos comunes en la temática.

Conclusiones y perspectivas futuras

Todo lo planteado ilustra claramente que Uruguay ha recorrido un largo camino en la construcción de un ecosistema de gobernanza de datos seguro, eficiente y participativo. La combinación de un marco legal sólido, una infraestructura digital consolidada y un enfoque integrador ha permitido al país posicionarse como un líder en la región. Sin embargo, para asegurar el desarrollo sostenible en la temática, es esencial continuar promoviendo la participación de todos los sectores, fortaleciendo la protección de la privacidad y adaptándose a los desafíos de un entorno tecnológico en constante cambio.

La Estrategia Nacional de Datos e Inteligencia Artificial es un ejemplo de cómo Uruguay avanza hacia una gobernanza de datos que involucra diversos actores, en la que el Estado, el sector privado y la sociedad civil pueden colaborar para construir un ecosistema digital equilibrado y seguro. La participación activa de todos los actores en la toma de decisiones y en la implementación de políticas garantizará que el intercambio de datos siga siendo una herramienta para el desarrollo y la inclusión, sin sacrificar la confianza y la privacidad de los ciudadanos. Con una visión equilibrada entre uso intensivo, innovación y protección de derechos, Uruguay tiene la oportunidad de continuar liderando el camino hacia una gobernanza de datos que impulse el progreso social y económico.

Puedes acceder al informe aquí: Informe Uruguay. 22.04.25.docx