Por Larissa Magalhães, Investigadora en Brasil del Proyecto Estrategias de Intercambio de Datos en América Latina.

Brasil tiene una larga trayectoria en la recolección, almacenamiento, procesamiento y gestión de datos en el sector público, influenciada por las reformas fiscales, democráticas, gerenciales y digitales del gobierno. Sin embargo, la gobernanza y el intercambio de datos son iniciativas más recientes que reflejan las ambiciones y el compromiso del gobierno para desarrollar políticas, ofrecer soluciones y servicios al ciudadano basados en datos. La aproximación brasileña puede analizarse a través de diferentes ciclos de gobernanza de datos.

Entre las décadas de 1960 y 1980, Brasil estructuró un modelo de gestión centralizada de datos públicos, creando empresas estatales como SERPRO y DATAPREV. Estas organizaciones monopolizaron el procesamiento de información gubernamental con el objetivo de garantizar la soberanía nacional y la eficiencia administrativa, especialmente en áreas como la gestión financiera y tributaria. Este modelo priorizaba la automatización interna y la informatización de procesos, con un enfoque restrictivo hacia los datos, cuyo acceso estaba ampliamente limitado bajo normas de confidencialidad.

Entre las décadas de 1980 y 1990, la crisis fiscal y la presión por modernización llevaron a la descentralización de la gestión tecnológica, asignando a cada organismo público la responsabilidad sobre sus propios sistemas y datos. La tercerización de servicios comenzó a expandirse, mientras que las reformas administrativas sentaron las bases para la agenda de gobierno electrónico. No obstante, estas iniciativas iniciales se centraron en coordinar recursos de tecnología, sin establecer una gobernanza efectiva de datos. La confidencialidad fiscal establecida en el Código Tributario Nacional seguía limitando severamente el acceso y el intercambio de datos, reflejando una visión conservadora de la gestión de datos en la administración pública de la época. Aún no existía una gestión institucionalizada de la información, y las iniciativas se enfocaban principalmente en la implementación de sistemas de tecnología de la información y la comunicación.

Con el inicio del Gobierno Electrónico en el año 2000, Brasil buscó integrar y modernizar los servicios públicos mediante estándares de interoperabilidad (e-PING) y accesibilidad (e-MAG). Paralelamente, la creación del Comité Ejecutivo del Gobierno Electrónico fue crucial para coordinar acciones y normativas, destacando el intercambio de información como un pilar del e-gov. Las iniciativas gubernamentales ampliaron el enfoque hacia la atención al ciudadano a través de la modernización y simplificación de los servicios públicos. Sin embargo, la falta de infraestructura tecnológica y la gestión descentralizada de los sistemas dificultaron una integración completa. Aunque la Constitución de 1988 ya había previsto la transparencia y el derecho a la información pública, fue la Ley de Acceso a la Información (2011) y el Marco Civil de Internet (2014) los que introdujeron normas claras sobre privacidad y protección de datos en internet. La adhesión a la Alianza para el Gobierno Abierto marcó un avance en transparencia y acceso a la información, promoviendo la creación de la Infraestructura Nacional de Datos Abiertos y compromisos gubernamentales hacia la gestión de datos. Aunque la gobernanza de datos aún no estaba consolidada, comenzó a tomar forma.

A partir de 2015, con la transición hacia un gobierno digital, el intercambio de datos se volvió estratégico. La Política y la Estrategia de Gobernanza Digital enfatizaron el uso de plataformas integradas e interoperables, como gov.br, para centralizar y simplificar el acceso a servicios y datos públicos. Sin embargo, surgieron desafíos relacionados con la privacidad, la vigilancia y la transparencia en iniciativas como el Registro Base del Ciudadano, basado en el extensivo intercambio de datos. Por otro lado, la Ley General de Protección de Datos y el Decreto 10.046/19 establecieron criterios más rigurosos para la gobernanza de datos. No obstante, la falta de transparencia en el Comité Central de Gobernanza de Datos requirió la intervención del Supremo Tribunal Federal, que alineó nuevas prácticas de gobernanza con exigencias legales de protección y privacidad.

Recientemente, la Estrategia Nacional de Gobierno Digital y el Plan Nacional de Inteligencia Artificial han aportado nuevas perspectivas sobre el uso de tecnologías emergentes, priorizando la eficiencia, la seguridad, la protección de datos y la interoperabilidad como elementos clave en la transformación digital y el intercambio de datos. El gobierno federal ha innovado al establecer recomendaciones para la gestión y gobernanza de datos en estados y municipios. Estas iniciativas, junto con la Ley de Gobierno Digital, han destacado el intercambio de datos como un elemento central para la transformación digital y el fortalecimiento de la Infraestructura Nacional de Datos Públicos. La Política de Gobernanza de Datos que actualmente prepara el gobierno federal constituye un objetivo estratégico para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en el sector público.

Puedes acceder al informe aquí: Informe Brasil. 22.04.25.docx