La pasada semana en la ciudad de Medellín, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó el Programa Interamericano de Datos Abiertos contra la corrupción (PIDA). Desde ILDA participamos de este proceso, y a su vez de un evento previo en la víspera de la aprobación del Plan. En este evento compartimos el estado de la región, así como el aporte que la agenda de datos abiertos puede brindar a la lucha contra la corrupción en las Américas. En este post, reflexionamos acerca de lo acontecido en Medellín, los desafíos del PIDA y el uso de los datos para lucha contra la corrupción.

1- El camino a Medellín

A pesar que hoy 12 países de las Américas tienen políticas de datos abiertos, y que el tema ha tenido una relativa fortaleza en la región, la idea que Jefes de Estado y de Gobierno incluyeran la promoción del mismo en sus compromisos en foros internacionales es un logro muy importante. En el contexto de la VIII Cumbre de las Américas en el 2018 en Perú, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ILDA integró, demandó en una declaración la inclusión de este tipo de compromisos. Las Jefaturas de Estado y de Gobierno respondieron, liderados por el país anfitrión y un grupo de países de la región, incluyendo algunos puntos y operacionalizando sus compromisos a través del PIDA. El éxito diplomático es claro, y abre una oportunidad para que más países en las Américas adopten políticas de datos abiertos a nivel general o a nivel específico, como es el caso de contrataciones públicas. Pero también se vio 14 meses después, en la 49a Asamblea General de la OEA del 2019 en Medellín, que más allá del apoyo explícito de altas autoridades de la OEA y del gobierno anfitrión, queda bastante por hacer en materia de transparencia por parte de las autoridades públicas del continente. 

2- El contexto de la corrupción en las Américas

Es claro que la corrupción ha sido un problema en las Américas desde hace largo tiempo y que esta región ha desarrollado mecanismos e instrumentos normativos que son generalmente reconocidos como buenas respuestas. Este es el caso del MESICIC y sus rondas, un mecanismo producto también de un acuerdo político regional, pionero a nivel global, que puso en el mapa los temas de corrupción en las Américas. Pero estos instrumentos, aunque útiles para ofrecer recomendaciones y fijar estándares, no han impedido la corrupción en cuanto esta avanza en el continente. El caso reciente del Lava Jato y sus ramificación en toda la región, pone de manifiesto la compleja trama de relaciones entre poder, dinero y política; y también, lo difícil que es realizar este tipo de investigaciones de forma coordinada y con evidencia, como mencionó Claudia Ocaranza de PODER de México y Oscar Agudelo de Consejo de Redacción de Colombia. En muchos casos el acceso a bases de datos públicos, facilita la tarea de investigación a periodistas especializados, y son insumos esenciales para acciones de denuncia y contraloría. Ejemplo de esas bases son las de contrataciones públicas en sus diversas áreas, los registros de empresas, permisos para operar en sectores clave, o quien financia las campañas políticas. Y, aunque a veces se obtenga el acceso, mucho más trabajo lleva el visualizarlos y usarlos para fines adecuados. Esto, porque a su vez, el ejercicio periodístico de investigación,o de la denuncia y el uso de estos datos sigue siendo una profesión de bastante riesgo en las Américas. También -aún sin mala fé- la falta de calidad de los datos publicados puede llevar a malos entendidos que encuentran solución si las partes cooperan, como fue el ejemplo del diálogo de Datasketch y la Unidad de Compras Públicas de Colombia durante el panel de contrataciones abiertas del foro de Innovación con datos abiertos para combatir la corrupción de la 49a Asamblea General de la OEA. Finalmente, es un problema de todas las partes si los datos nos dicen algo que realmente no representan. Sin embargo, el párrafo adoptado por los países miembros de la OEA debería ser una buena noticia para periodistas y miembros de la sociedad civil en el continente como el siguiente listado refleja:

Identificar conjuntos de datos prioritarios en el combate a la corrupción para ser abiertos, teniendo en consideración la legislación interna de cada Estado Miembro, utilizando como referencia los conjuntos de datos como por ejemplo: registro de cabilderos, declaración de intereses, registro de compañías, registro de organizaciones benéficas, servidores públicos que intervienen en procesos de contratación, personas políticamente expuestas, registro servidores públicos, lista de contratistas de gobierno, consejos consultivos de gobierno, financiamiento a partidos políticos, presupuesto, procesos de adquisición, licencias, asociaciones público privadas, gasto, subsidios de gobierno, cooperación internacional, contratos de gobierno, datos de auditorías, votaciones, decisiones judiciales, registro de obras de infraestructura prioritarias, récord de reuniones, cambios en regulaciones, promesas de campaña, contratistas sancionados, quejas a procesos de adquisición, registro público de la propiedad, impuestos y declaración patrimonial, entre otros.

3- Más datos menos corrupción

Como atinadamente refirió la Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiana Sylvia Constain, el problema de este tipo de programa es que es bastante difícil medir aquello que se supone el programa va a prevenir. En el fondo es medir, lo que no ocurrió. Y por otro lado, como refirió la Embajadora Jennifer Loten de Canadá ante la OEA, la apertura, aunque imperfecta, es una fuerte y distintiva señal del continente. Dicho de otra forma, no solo es un tema de utilidad sino sustancial a la identidad en las Américas. 

En este contexto cabe preguntarse si la apertura de datos en estos sectores realmente será de utilidad y cómo lo sabremos. Organizaciones como la Carta Internacional de Datos Abiertos (Open Data Charter) ha promovido una Guía de datos contra la corrupción la cual fue testeada en México y donde parte del PIDA se ha inspirado. Desde ILDA hemos dado la bienvenida a este tipo de iniciativas pero también nos hemos preguntado de qué forma exactamente contribuyen a la lucha contra la corrupción. No tenemos una respuesta clara. Por eso participamos junto al Banco Mundial, la Red OD4D, Global Integrity y la Carta Internacional de Datos Abiertos en una exploración conjunta para entender cómo pueden implementarse herramientas basadas en datos para monitoreo de la corrupción, y de igual forma acompañaremos activa y comprometidamente al PIDA, junto a Hivos, para entender algo más acerca de este vínculo. Nuestra hipótesis es que debemos conocer más acerca del uso y la economía política del mismo para poder entender qué tipo de impacto puede tener. Dicho de otra forma, queremos contribuir a entender cómo es que más datos y de mejor calidad, pueden derivar en menos corrupción o al menos hagan una tarea más fácil para quienes llevan adelante el difícil oficio de controlar al poder. Por un lado esto conlleva a entender más la difícil labor de investigar por parte de periodistas, sociedad civil y organismos públicos que ejercen la rendición de cuentas (e.g. Fiscalías); mientras que por otro lado, también ayudan a entender la compleja economía política que puede llevar a que los datos contribuyan (o no) con acabar con la corrupción. Es importante resaltar que  debido a la dificultad del tema pocas las oportunidades que existen de poder trabajar a nivel internacional en el mismo de una forma coordinada. De ahí la importancia que a través de la acumulación de fuerzas por parte de distintos actores de gobierno y sociedad civil en las Américas, puedan aprovecharse instancias como el PIDA para explorar nuevos enfoques en la lucha contra la corrupción. 

De momento, cómo ILDA dijo en este evento, hay cosas básicas que los países pueden seguir haciendo tales cómo:

1. Establecer políticas de datos abiertos para el sector público y privado, de preferencia inspirándose en los principios globales.
2. Capacitar al funcionariado público para producir y liberar datos en sector claves que podría estar expuestos a más riesgo de corrupción.
3. Trabajar en la co-creación de soluciones con la sociedad civil y el periodismo.
4. Desarrollar instrumentos de financiación para promover el uso de datos en sectores clave.
5. Capacitar periodistas y autoridades de contralor en el análisis de datos para el monitoreo.
6. Ejercer un monitoreo firme de los datos publicados y establecer mecanismos de rendición de cuentas eficientes para la obtención y publicación de datos en formatos abiertos.

Nada de esto es de por sí una solución al problema complejo y multicausal que es la corrupción pero tal vez sea parte de una infraestructura básica para poder combatirla.