Daniel Villatoro

Investigador ILDA

Programa Próxima Generación

En la agenda de datos abiertos solemos partir de una premisa: en la era de la información, tenemos datos y con ellos podemos tomar decisiones y nutrir políticas públicas que se basen en esa “realidad” que los datos capturan. Pero esta premisa tiene una falla: los datos no “cuentan” a todas las personas ni todas las realidades.

Durante los últimos meses, como parte de mi proyecto de investigación sobre el registro de la violencia contra personas LGBTI en Centroamérica, he podido reflexionar sobre algunos de los efectos secundarios de este enfoque basado en datos, y las consecuencias para personas e identidades que tradicionalmente no han sido tomadas en cuenta. La falta de protocolos específicos para registrar la violencia contra personas LGBTI en Centroamérica tiene como efecto un subregistro sobre la violencia y, por consecuencia, que dicha población no sea considerada para el diseño de políticas públicas.

¿Cuál es el efecto de este problema de subregistro o falta de representación en los insumos estadísticos y otras herramientas que se utilizan para nutrir la toma de decisiones públicas?

Desde el comienzo de este proyecto, en ILDA nos han pedido proyectar el futuro y responder cómo nuestra investigación explora uno de los desafíos a los que América Latina se enfrenta. Para mí, uno está muy claro: la implementación de políticas públicas basadas en el análisis de datos para la toma de decisión puede, en paralelo, contribuir a ampliar la brecha de desigualdad de la región. 

A medida que avanzamos en aplicaciones de tecnología y análisis de datos en lo público, la reflexión sobre si estas amplían el efecto de exclusión debido a los subregistros (cuando los hechos registrados son menores a los ocurridos) y la escasez de registros (inexistencia de información relacionada y estructurada como base de datos) debe profundizarse. Estos fenómenos tienen implicaciones directas en el desarrollo social. Entender las causas del subregistro y la falta de documentación permite contrarrestar esta situación. Por ejemplo, en la agenda del registro civil como derecho humano se ha avanzado al identificar y entender las barreras de acceso para que toda la población de la región cuente con partida de nacimiento y cédula de identidad, documentos que les permiten acceder a derechos básicos como ciudadanía, atención educativa y en salud. Claramente, este marco de pensamiento se puede aplicar para trabajar para erradicar las barreras que enfrentan las personas trans para vivir en plenitud y con garantía de derechos.

Al referirnos a poblaciones vulnerables es evidente cómo se manifiesta esta laguna y su efecto en bucle: no existe política pública que les atienda porque no existen datos sobre ellas, y no existen datos sobre ellas porque la generación de dichos registros sería uno de los temas a cubrir en una política pública. En efecto, un vacío.  En el caso de las personas LGBTI, esta escasez es también un ámbito de oportunidad para propuestas amplio. 

En Guatemala, ese efecto es evidente. “La ausencia de datos en Guatemala respecto a la población LGBTIQ+ se puede evidenciar en otras herramientas estadísticas y de medición (…) las cuales tienen como finalidad generar insumos estadísticos para la elaboración de políticas públicas, así como el monitoreo y evaluación de su impacto”, señala la investigación Violencias contra población LGBTIQ+ en Guatemala de Visibles  en un apartado que dedica a la ausencia de datos sobre el tema. El efecto general es un vacío: no hay datos porque no hay una política pública que indique que dicha información se debe registrar para dimensionarla y ofrecer soluciones al problema.

Y no hay una política pública porque no hay datos para indicar que dicha población existe y vive fenómenos que la afectan que el Estado debería atender.  En la investigación que desarrollo, al analizar cómo las instituciones de seguridad y justicia capturan, almacenan y analizan los datos relacionados a la violencia en contra de las personas LGBTI se aclara la manera en que algunas prácticas o protocolos pueden incidir en la existencia de subregistros y la permanencia de vacíos institucionales de respuesta. 

Los datos específicos sobre población LGBTI son necesarios porque ayudan a los Estados a visibilizar los desafíos que tienen para poder garantizar una respuesta efectiva y reconocernos como ciudadanía con derechos. La existencia de esta información permite también visibilizar y reconocer que la violencia por prejuicio existe y le sirve al Estado como insumo para poder medir la efectividad de las medidas que tome para contrarrestar esta violencia.