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Los datos hablan. El reciente escándalo de Facebook y Cambridge Analítica ha catapultado un debate que- al menos en América Latina – viene llevándose hace ya hace mucho tiempo en las comunidades de Abrelatam y Condatos. ¿Qué datos deben ser abiertos? ¿Que implica la apertura de datos? ¿Cuáles son los límites entre aquellos datos que deben considerarse personales? ¿Hay alguna oposición entre quienes trabajan en América Latina la agenda de datos abiertos y quienes avanzan la protección de datos personales? ¿Y qué pasa con los llamados “grandes datos” y la  “inteligencia artificial”? ¿Quien decide y cómo se reflejan en esta discusión las asimetrías de poder entre gobiernos, ciudadanía y empresa? En la última RightsCon organizada en Canadá se dieron debates  a nivel global sobre estas preguntas (pueden ver aquí un post de mi colega británico Tim Davies). En este breve posteo  quiero dejar planteadas 6 reflexiones y provocaciones sobre lo que pienso será el diálogo sobre estos temas en América Latina:

• Los datos abiertos se quedan pero faltan capacidades e infraestructura  Nuestra iniciativa de investigación asume- en general -que el uso de los datos abiertos genera acciones positivas para el desarrollo de la región. La existencia de más de más de 9 países que tienen, o debaten, normativas sobre datos abiertos, así como un número creciente de iniciativas a nivel estatal o municipal nos indican que la agenda de liberación de datos públicos goza de buena salud, y que en general en los países de América Latina, se ha asociado con expandir lo que los Estados ya debían liberar por normas de acceso a la información pública. Consecuentemente, lo que falta en este campo es una implementación más rigurosa y eficiente de estas políticas, así como capacidades en Estado, sociedad y sector privado para concretar productos e iniciativas en distintas áreas. Desde ILDA estamos enfocando este trabajo en género y contrataciones abiertas, pero existen aún un más amplio número de actores en la región que se enfocan en temas que van más allá de la transparencia localizándose en actividades económicas como la ganadería, los bienes raíces, las enfermedades de transmisión vectorial, los parlamentos o la vigilancia ambiental. En ILDA también hemos contribuido a entender cómo y si actores del tercer sector y el sector privado podrían liberar datos para contribuir al desarrollo común, aunque esta agenda no ha tenido tanto eco en el Sur. Sin datos abiertos, la transparencia de los gobiernos en el Siglo XXI no será posible y los nuevos debates sobre datos no pueden olvidar este punto.
• El control de nuestros datos vs. datos abiertos: Datos Abiertos- en lo que se entiende por tal en América Latina- nunca ha significado un pase libre para el uso de datos personales de la ciudadanía por parte del Estado o terceros. Hay países como Uruguay o Argentina con marcos claros en cuanto a legislación sobre datos personales (su implementación puede ser distinta), mientras que otros países no tienen aún legislación básica sobre el tema. De fondo se encuentra cuál debería ser la concepción que cada sociedad tiene sobre el límite entre lo personal y lo público. Un camino que no se ha explorado aún en ésta área es como luce el control personal de los datos que una persona tiene frente al gobierno y que tipo de tecnología lo facilitan. El foro MyData en Europa hace ya tiempo viene explorando este tipo de discusiones. ¿Puedo compartir mis datos para investigación científica? ¿Puede el Estado acceder a ellos para facilitar un trámite? ¿Si lo hace queda esto registrado?  Pero en la medida que nuestros datos son recogidos por actores fuera del sector público estos debates deben ampliarse. El caso de la nueva directiva sobre datos personales en Europa, apunta en este sentido
• Datos Abiertos y Privacidad son agenda de políticas y trabajo complementarios: Al menos en América Latina- parecen buscar el objetivo común de tener Estados más transparentes y una ciudadanía en control de sus datos. Esta visión- que aún necesita formalizarse- tiene una base y potencial democrático poderoso para una nueva generación de actores en América Latina.
• Los algoritmos mandan: El debate- en buena medida anglocéntrico- ha estado dominado sobre los contenidos que cada persona ve en sus redes sociales.  Pero también han habido casos donde los Estados han comenzado a crear algoritmos para tomar decisiones automatizadas sobre seguro social, o quien accede a un crédito, o un largo etc.En la medida que la llamada inteligencia artificial (en puridad, técnica de aprendizaje automatizado o machine learning) avanza, más celo habrá que tener sobre cómo se construyen estos algoritmos cuando afectan bienes públicos o potencialmente pueden excluir a miles de personas de ciertos derechos o bienes. En particular, en la medida que la reflexión sobre esto no incluya grupos que usualmente no son representados (ej. mujeres) los riesgos son bastante altos. El reciente caso de la provincia de Salta, en Argentina, revela una buena discusión sobre este punto. Desde una perspectiva más global nuestros colegas de IDRC han publicado un estudio donde identifican un agenda de investigación global. La agenda incluye promover el entendimiento de modelos regulatorios, las líneas de base desde donde parten los modelos regulatorios, el desarrollo de modelos participativos de diseño de estos instrumentos y su impacto en temas de derechos humanos y trabajo, entre otras cosas.
• ¿Los grandes datos para el bien común? La nueva regulación sobre datos para el bien común que ha emergido recientemente en Colombia, plantea un camino interesante en términos de cómo explotar los llamados grandes datos para el bien común.La política de Colombia incluye definiciones sobre infraestructura de datos, políticas de apertura por defecto y  también intercambio de datos entre el sector público y sector privado. Los autores del documento denominan al mismo como “big data”, pero dentro del mismo se puede observar un intento de coordinar los temas de datos personales, interoperabilidad, acceso a la información pública, uso de datos para la toma de decisiones y más de 12 líneas de acción. La política es realmente muy ambiciosa, pero aún resta ver de qué forma efectiva se llevará adelante el compartir datos entre el sector público y privado, y exactamente de qué forma esos datos ayudarán a construir los indicadores para las metas para el desarrollo sostenible. En resúmen, la gobernanza de los datos es aún un desafío grande.
• Una agenda extremadamente elitista: A pesar que los puntos que he hecho aquí han sido discutidos por algunas personas en América Latina y por supuesto, por varias personas en RightsCon y otros foros globales, la realidad es que esta agenda es bastante elitista. Es una discusión de unas pocas personas hablando con otras pocas personas, en eventos no necesariamente amigables para quienes no tienen capacidades y recursos necesarios. Necesitamos formas de establecer una currícula y grupos de práctica en educadores, formales e informales, para expandir el campo de la llamada ciencia de datos, que va a incluir liberar y aprovechar los datos así como enseñar a las próximas generaciones cuestiones básicas de privacidad y control de sus datos..

Son tiempos curiosos. Por un lado los escándalos vinculados a los ciclos electorales en el norte han llevado a una vigorosa reacción por parte de distintas comunidades que han aprovechado este espacio para avanzar en el establecimiento de una discusión necesaria. Por otro lado, al menos en las Américas, varias organizaciones bregan por Estados más transparentes luego de los escándalos  ocurridos. Y una nueva generación en la ciudadanía y organizaciones sociales parece preocuparse más por el futuro y control datos. Un nuevo marco para pensar finalmente quién, cómo, dónde y cuándo (y bajo qué reglas e instrumentos) pondrá el uso de estos datos para superar nuestros desafíos comunes, o exponernos a riesgos mayores.

(este post ha sido enriquecido por los comentarios de todo el equipo de ILDA)