Como persona LGBTI puedo entender la manera en que la violencia contra otras personas como yo se manifiesta y se enraiza en las instituciones. Tomando el concepto de violencia estructural de Galtung (1969),  la falta de registro de esta violencia en las instituciones de seguridad y justicia es una de las formas en las que esta violencia se ve como “permitida” o se invisibiliza. 

Según el Sistema de Información sobre violencias de la población LGBTI en América Latina y el Caribe, una coalición entre organizaciones de sociedad civil de 10 países que monitorean los homicidios en contra de esta población, en los últimos 6 años 1,600 personas LGBTI han sido asesinadas en Latinoamérica.

La falta de protocolos específicos para registrar la violencia contra personas LGBTI en Centroamérica tiene como efecto un subregistro sobre la violencia y, por consecuencia, que dicha población no sea considerada para el diseño de políticas públicas. En la actualidad, dichos registros no documentan la legítima necesidad de buscar soluciones con los insumos posibles (la gestión de información uno de ellos) a la problemática de la violencia por prejuicio, según lo denunciado por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil. 

La gestión de información ha sido una de las estrategias para la reducción de la violencia homicida en  Guatemala, pero dicho enfoque de pensamiento sobre decisiones informadas y análisis relacionado con los registros no se está aplicando a la identificación y potencial persecución de la violencia contra personas LGBTI, con señales de crímenes por prejuicio. 

La manera en que las instituciones de seguridad y justicia del país capturan, almacenan y analizan los datos relacionados a la violencia en contra de las personas LGBTI incide en los subregistros de violencia, cuyos indicadores tienen como consecuencia que dicho problema no sea percibido como un problema público que merece ser atendido. 

El análisis de documentos técnicos elaborados por organismos internacionales referidos al tema lleva a concluir que la falta de datos sobre las personas LGBTI tiene como efectos los siguientes fenómenos:

 

  1. Las personas LGBTI son invisibles para quienes son responsables de formular políticas públicas, puesto que no se cuantifica su existencia o situaciones.
  2. La postura institucional de instituciones públicas de no “datificar” la orientación sexual o la identidad de género (OSIG) contribuye a reforzar patrones de negación de la existencia de las personas LGBTI
  3. La no recolección de datos sobre orientación sexual e identidad de género es un factor determinante para que las políticas estatales tengan otras bases que no son la evidencia científica: prejuicios, estigma, creencias religiosas, visión tradicional, etc.

A través de una serie de solicitudes de información pública, el análisis técnico de los datos que las autoridades guatemaltecas recolectan,  la consulta con personas expertas en la intersección entre el uso de datos sobre la orientación sexual y la identidad de género y las discusiones de la comunidad de práctica de investigadores LGBTI, se buscó evidenciar la manera en que estos registros suceden y analizar las prácticas para que sean adecuadas tanto en términos semánticos como para su uso en la prevención de la violencia. 

El análisis de las estructuras de datos y la ontología de la identificación como LGBTI en los registros de violencia en 4 organismos del Estado evidencia que: 

  • Las siglas o identificador colectivo utilizado para referirse a la orientación sexual e identidad de género continúan siendo un debate conceptual. 
  • Existe desconocimiento sobre la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, llegando a ser términos que se usan indistintamente.
  • La jerarquización y categorización de las estructuras de datos y registros de las instituciones tiene diferentes criterios para englobar  OSIG. 
  • La interoperabilidad de los registros de violencia es un reto a lo interno mismo de instituciones con diversas unidades, y aún mayor entre instituciones de seguridad y justicia del Estado. 
  • A la hora de categorizar existe una anulación de la dualidad en cuanto a una persona LGBTI, en relación al sexo, la orientación sexual y la identidad de género, que se materializa en la imposibilidad de identificarse en las múltiples categorías que la identidad humana puede abarcar.
  • Existe una ausencia de directrices o marcos orientadores desde las instituciones rectoras de las estadísticas, censos y otros registros públicos que permitan la interoperabilidad y la estandarización, así como buenas prácticas comunes que permitan trazabilidad de la información en las instituciones y entre ellas.
  • La elección de estructura implica una serie de decisiones sobre las dimensiones de la existencia de este problema público.
  • En contextos en los que no existe reconocimiento o tipificación de esta violencia, esto se manifiesta también en la inexistencia de un registro sobre ella. 
  • Que existen algunos protocolos de atención que abordan a las personas LGBTI como sujetas de derechos y que el hacer explícita y pública una política de no discriminación fortalece los registros públicos y el acceso de la población a ellos. 
  • Que en la manera en que la autoadministración de instrumentos de recolección de datos o los mecanismos de registro permitan la autoidentificación, se favorece al registro de este problema.