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Por Natalia A. Volosin @nataliavolosin

Luego de realizado el Webinario de Datos Abiertos, Corrupción y Compras Públicas el pasado 18 de diciembre, estamos en condiciones de señalar las conclusiones de esta investigación con respecto a los ecosistemas de Chile, Uruguay, México y Argentina. Primero, es significativo que tanto Chile como Uruguay cuentan con sistemas específicos de datos de compras públicas. Chile se destaca por la utilidad de la herramienta (la API Mercado Público, que permite acceder a información actualizada en tiempo real) y Uruguay por su antigüedad (provee información desde 2003, cuando aún no existía el concepto de “datos abiertos”). Argentina y México, en cambio, no cuentan con sistemas específicos y sus herramientas generales de datos tampoco abordan la cuestión (el portal datos.gob.mx sólo contiene dos datasets de compras y el portal datospublicos.gov.ar directamente no contiene ninguno). La diferencia entre los dos grupos de países coincide con el tipo de actor que adopta un rol nodal en el ecosistema: el Estado en Chile y Uruguay; la sociedad civil en México y Argentina.

Segundo, desde el punto de vista estructural los países presentan situaciones muy diversas. Chile es el mejor de los cuatro: marco normativo adecuado, excepto por el carácter no vinculante de la política de datos, marco institucional desarrollado y marco de gobernanza fuerte. Le sigue Uruguay: marco normativo parcialmente adecuado por falta de política formal de datos, marco institucional desarrollado y marco de gobernanza fuerte. Luego México: marco normativo y de gobernanza igual al de Chile, al que se le agrega positivamente una fuerte vinculación con la iniciativa de open contracting, pero marco institucional muy débil. El país más deficitario es Argentina: marco normativo inadecuado por falta de ley de acceso a la información público y por política de datos no vinculante; y marco institucional y de gobernanza muy débiles.

Tercero, a pesar de sus promisorios factores estructurales, la provisión de datos en términos de cantidad y calidad es insuficiente tanto en Chile (licitaciones y órdenes de compra) como en Uruguay (llamados y adjudicaciones y catálogo). Y, debido a la falta de herramientas de datos de compras en México y Argentina, en estos países es prácticamente inexistente (2 datasets en el sistema general de México) o completamente inexistente (ningún dataset en el sistema general de Argentina). Además, la capacidad institucional para la provisión de datos es actualmente incipiente pero potencialmente significativa en Chile y Uruguay, y actual y potencialmente débil en México y Argentina, excepto en relación con los actores no estatales como cámaras empresarias, fundaciones y ONGs que eventualmente pudieran involucrarse como actores nodales del sistema ante la ausencia del Estado. Finalmente, la participación de los usuarios para la publicación y mejora de los datos abiertos varía considerablemente entre los países: débil en Chile y Argentina, muy débil en Uruguay y fuerte en México.

Cuarto, las prácticas de uso actuales son limitadas en Chile y Uruguay (en Chile son inexistentes, pero debe considerarse que la herramienta es demasiado reciente) y obviamente inexistentes en México y Argentina debido a la falta de datos abiertos en la materia. Sin embargo, a nivel potencial los países que tienen mejores factores estructurales y mayor provisión de datos (Chile y Uruguay) son los que presentan mayores limitaciones (puede preverse un uso limitado al sector privado, aunque hay algunos proyectos en marcha en la sociedad civil más vinculada a la innovación y el uso de tecnología). En cambio, los países con peores factores estructurales y menor provisión de datos (México y Argentina) presentan un uso potencial muy significativo (puede preverse un fuerte uso por parte de ONGs, periodismo de datos y, en el caso de Argentina, también por parte del sector privado). Ello se debe a que, por razones estructurales vinculadas con las relaciones del Estado con sectores externos en el marco del sistema de compras y seguramente por razones histórico-políticas que exceden a esta investigación, en Chile y Uruguay el Estado tiene capacidad y manifiesta voluntad de avanzar en la agenda de datos en compras públicas, pero tiene serias dificultades para involucrar a la sociedad civil en las iniciativas que desarrolla. En México y Argentina, en cambio, también hay una desconexión importante entre el Estado y la sociedad civil, pero que opera a la inversa: la sociedad civil demanda información financiera del Estado que éste no puede y/o no quiere satisfacer.

Quinto, el fuerte uso potencial de datos abiertos de compras que existe en México y Argentina por parte de la sociedad civil podría eventualmente transformar a este actor en proveedor nodal de datos en la materia si el Estado continúa sin asumir este rol, tal como lo prevé la variable referida a la débil capacidad institucional actual y potencial del Estado para proveer datos en estos ecosistemas y la significativa capacidad potencial de los actores no estatales. En México existen ONGs innovadoras como Gobierno Fácil dispuestas a asumir este rol de proveedor de datos abiertos de compras mediante la liberación de información obtenida mediante solicitudes formales de acceso cursadas en cooperación con el sector de periodismo de datos como El Universal. En Argentina ello podría eventualmente ocurrir en el marco de una estrategia cooperativa de ONGs como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Poder Ciudadanono sólo con el periodismo de datos como LNData, sino también con el propio sector privado a través de la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE), pues éste ya cuenta con acceso a alguna información relevante de compras. En cambio, el acceso mediante solicitudes formales podría verse obstaculizado por la falta de una ley de acceso a la información pública y de una institucionalidad adecuada al respecto. Este tipo de iniciativas de la sociedad civil para mejorar la provisión de datos de compras públicas podrían presentar problemas de sostenibilidad debido a la ausencia de actores estatales, aunque el Estado bien podría internalizar las prácticas como propias si accediera a sus beneficios, como ocurrió con Gasto Público Bahiense, iniciativa de la sociedad civil basada en el uso de datos abiertos para monitorear las compras del Municipio de Bahía Blanca (Argentina) que terminó siendo incorporada oficialmente a la estrategia de datos y gobierno abierto del Municipio.

Sexto, ninguno de los países cuenta con información en materia de resultados e impacto, lo que en algunos casos es lógico porque no hay herramienta que medir (México y Argentina), en otros es comprensible debido a su reciente lanzamiento (Chile) y, finalmente, en Uruguay es inexplicable considerando que se publican datos abiertos de compras desde hace más de diez años.

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