Por Natalia A. Volosin @nataliavolosin

Las compras públicas constituyen una política clave en materia de desarrollo, pero son altamente vulnerables a la corrupción. En el marco de las investigaciones de ILDA, estudiaré las potencialidades y límites de los datos abiertos para prevenir la corrupción y optimizar otros aspectos de este sector en la Argentina, Chile, México y Uruguay. Este post se propone introducir el tema y convocar a los/as interesados/as a participar de su discusión.

Compras públicas, corrupción y desarrollo

En los países de América Latina y el Caribe, las compras públicas representan un promedio de entre 10 y 15% del PIB. Por otra parte, Transparencia Internacional estima que los costos de la corrupción en las compras públicas alcanzan entre 20 y 25% del valor del contrato, llegando en ocasiones al 40-50%. El problema es, pues, significativo.

Pero, dada la estrecha relación de los sistemas de compras públicas con los objetivos de desarrollo humano de los países, el problema de la corrupción en este sector es particularmente preocupante. En efecto, dado que las adquisiciones del Estado tienen como objetivo la provisión de bienes, servicios y obras públicas para la comunidad, el proceso de compras gubernamentales es fundamental para el desarrollo de los países y de las personas. Y, además, como el Estado es un gran comprador, lo que éste haga o deje de hacer en este marco puede vincularse a acciones concretas para el desarrollo: impulso de la competencia, promoción de la industria local, incremento de la participación de MyPES, incentivo de determinadas condiciones laborales, ambientales, etc.

Prevenir la corrupción optimiza todo el sistema de compras públicas

Para prevenir la corrupción en compras públicas, las mejores prácticas internacionales y la literatura especializada recomiendan adoptar una serie de medidas cuyo impacto alcanza a otros objetivos esenciales del sistema de adquisiciones, incluyendo consideraciones de eficiencia, control público, participación ciudadana y orientación al desarrollo.

La estrategia de prevención de la corrupción más recomendada consiste en establecer sistemas adecuados de acceso a la información, participación ciudadana y rendición de cuentas (accountability) horizontal y social en cada una de las etapas en que se divide la cadena de valor de compras. Así, prevenir la corrupción implica esencialmente: generar mejores canales de acceso público a información relevante; implementar mecanismos de monitoreo externo por parte de la sociedad civil (accountability social); generar herramientas de participación para los potenciales proveedores y los beneficiarios de las compras; y desarrollar instrumentos adecuados de control estatal (accountability horizontal).

Es por ello que cualquier trabajo que se realice sobre el objetivo de prevención de la corrupción en compras públicas tiene el potencial de mejorar no sólo la transparencia del sistema de adquisiciones, sino otros aspectos esenciales. En consecuencia, si bien esta investigación sobre las potencialidades y límites de las políticas de datos abiertos se orientará principalmente al objetivo de prevenir la corrupción, también atenderá, aunque en menor detalle, al uso e impacto de estas políticas en otros objetivos del sistema de compras tales como la eficiencia, el control público y la participación ciudadana.

La promesa incumplida de los sistemas electrónicos de compras públicas (e-GP) y el potencial de los datos abiertos

En los últimos 20 años, la principal estrategia implementada en la región para mejorar la transparencia, la eficiencia y la orientación al desarrollo de los sistemas de adquisiciones han sido los sistemas electrónicos de compras (e-GP por sus siglas en inglés). La promesa de estos sistemas es que la publicación en línea de la información relevante de compras (sistemas informativos) y la realización de adquisiciones por la misma vía (sistemas transaccionales) lograrán conciliar los tres objetivos, promoviéndolos de manera simultánea y por el mismo costo.

Pero a pesar de los considerables fondos locales e internacionales invertidos en ello, en general los sistemas e-GP no han cumplido siquiera mínimamente con la promesa, al menos en lo que refiere al objetivo de transparencia. La hipótesis general de esta investigación es que ello se debe a que la promesa que los e-GP pretenden alcanzar en materia de transparencia requiere, por su propia naturaleza, de mecanismos de desarrollo colaborativo entre el Estado y otros agentes públicos y privados. Es decir, el acceso a la información y el incremento de la accountability y de la participación ciudadana en materia de compras son objetivos cuya propia definición demanda de inputs externos al Estado por parte de agencias de control público, potenciales proveedores, ONGs, medios de comunicación, etc. Y, hasta el momento, este esquema cooperativo no ha sido posible en los sistemas e-GP.

Las políticas de datos abiertos, en cambio, apuntan precisamente a desarrollos colaborativos entre diversos actores públicos y privados sobre la base de la utilización y re-utilización de datos primarios. Por lo tanto, esta estrategia podría generar las sinergias que requieren los objetivos de transparencia y, de este modo, ayudar a prevenir la corrupción. Pero, además, al fortalecer medidas vinculadas a la prevención de la corrupción, los datos abiertos pueden también ayudar a optimizar otros aspectos cruciales de los sistemas de adquisiciones, como la eficiencia, el control social, la participación ciudadana y el desarrollo humano. Para analizar estas potencialidades (y límites), estudiaré los usos e impactos de los datos abiertos en los diversos contextos que presentan los sistemas de adquisiciones de Argentina, Chile, México y Uruguay.

¡Los/as invito a participar!