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Los días 14 y 15 de junio – Gabriela Rodriguez, Silvana Fumega y Fabrizio Scrollini – tuvimos el placer de visitar la Ciudad de Mendoza en el marco del primer taller “Estandarización de datos sobre femicidios” en Argentina. Este evento fue co-organizado con el Programa Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la colaboración del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza.  El evento fue apoyado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, Canadá) y La Fundación Avina, el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF) mediante su iniciativa conjunta Plataforma de Innovación con Sentido.

En este taller participaron 32 representantes de Ministerios Públicos Fiscales, Poderes Judiciales y de las Oficinas de la Mujer, provenientes de 9 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, La Pampa, Río Negro y representantes nacionales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de la oficina del Defensor del Pueblo. Los perfiles de quienes participaron incluyeron personas con experiencia en datos y estadísticas judiciales, operadores del sistema de justicia y analistas del sistema de justicia.

El evento tuvo tres partes claramente identificadas: 1) nivelación del conocimiento de las personas que asistieron; 2) intercambio de experiencias y desafíos comunes; y 3) desarrollo de una posible agenda común.

Luego de unas presentaciones que nos permitieron estar a todos en “la misma página”, se trabajó en la situación de cada una de las organizaciones provinciales.  Se extrajeron desafíos que pueden ser agrupados en cuatro áreas: 1) infraestructura, 2) capacidades, 3) comunicación de los datos y 4) coordinación institucional. A continuación, se incluyen algunas ideas que surgieron de esas conversaciones.

1) Infraestructura

La mayoría de las personas reportaron algún tipo de problema en la interacción de los sistemas y los datos que es posible extraer de ellos. También se reportaron problemas en la carga de los datos en todas las jurisdicciones. Asimismo, la mayoría de las provincias reportaron que los Ministerios Públicos Fiscales y los Poderes Judiciales presentan dificultades en la interacción e intercambio, dificultando el proceso de recolección y análisis de los datos.

2) Capacidades

En materia de capacidades existen tres asuntos que emergen de forma clara: 1) la calificación del hecho, 2) el rol de operadores del sector judicial y 3) la capacitación de quienes recogen datos.

3) Comunicación y uso

En materia de uso y comunicación existen una serie de desafíos. En primer lugar, parece existir coincidencia en el ocasional mal uso que realiza la prensa del término femicidio, y en que, en un contexto de alta presión del ciclo de noticias, la prensa demanda información que podría afectar los procesos judiciales de femicidio. Además, algunas de las instituciones presentes manifestaron que una forma de detección de casos proviene de la información brindada por fuentes periodísticas. A nivel nacional, los registros que llevan adelante el Observatorio de Femicidios de la Oficina del Defensor del Pueblo de la Nación y el del Ministerio de Justicia utilizan los datos que emergen de la prensa, entre otras fuentes. Junto a la prensa, se ha mencionado también el valor de los informes de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

4) Coordinación Institucional

En materia de coordinación institucional existen desafíos a nivel provincial y federal. Por un lado, la falta de conexión de los sistemas de datos entre las organizaciones que pueden brindar información para calificar un femicidio tiene su correlato a nivel institucional. La fuerte fragmentación de este espacio en términos institucionales, legales y ocasionalmente políticos, hace difícil la tarea de coordinar quien se encarga de reportar y de qué forma sobre este particular tipo de delito. La implicancia de quién ejerce de vocero no es menor: por un lado la calificación legal de femicidio no coincide con el fenómeno social y/o con el criterio amplio que en general toman la mayoría de la comunidad de práctica en este campo. Sin embargo, existen esfuerzos incipientes de coordinación institucional en varias provincias argentinas con distintos grados de formalización.

En la tarde de esa primer jornada se presentó el borrador del estándar que ILDA desarrolló de forma experimental con un grupo de países e instituciones a nivel latinoamericano. Las personas participantes del evento dieron retroalimentación sobre el mismo que luego dio lugar a una reflexión colectiva. Consecuentemente, en función de ese intercambio, se trabajó en base a 4 temas: 1) medición (en particular la definición del objeto de medición), 2) datos abiertos/formatos, 3) femicidios vinculados (y las dificultades asociadas con la detección y registro de estos casos) y 4) coordinación institucional.

Para ILDA este proceso presentó un aprendizaje en 3 áreas clave:

-Entendimiento de las dinámicas institucionales de estandarización de este tipo de datos a nivel provincial y federal;

-Necesidad de comunicar con mayor claridad qué implican los procesos de estandarización y su vinculación con el uso de datos; y

-Tener en cuenta el dinamismo de los datos de femicidios en términos de su calificación legal y social.

En las próximas semanas ILDA producirá un documento para las instituciones participantes que no solo presentará la síntesis del taller, sino también una hoja de ruta y una serie de pasos a seguir en esta segunda parte del año. Seguiremos informando por esta vía y no duden de comunicarse con silvana@idatosabiertos.org si tienen ideas, comentarios o duda al respecto.

 

Foto: Poder Judicial de la Provincia de Mendoza

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