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Brando Flores, consultor externo de la
Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA)

 

En un post anterior les comentamos sobre la investigación que busca responder la pregunta que da título a este artículo mediante el análisis de 3 países de la región: México, Uruguay y Costa Rica.

La finalidad de resolver esta pregunta va encaminada a construir las bases para un Gobierno Abierto Feminista (FOGO, por sus siglas en inglés), que podría traducirse en alcanzar un acceso equitativo e igualitario a la transparencia, la participación y la rendición de cuentas y de cómo hacer para que esto a su vez, se refleje en los procesos y estrategias de implementación. El fortalecimiento en la escena pública de los movimientos de mujeres, de inclusión y de los diversos encuadres del feminismo, presenta un gran potencial para establecer cambios de largo aliento.
Para el caso mexicano la investigación se ha nutrido de las experiencias y opiniones de un amplio grupo de voces de mujeres y hombres que han acompañado la evolución del gobierno abierto en este país. Este proceso se da en medio de una transición presidencial en la que el gobierno saliente fue señalado por presuntamente haber espiado a activistas y periodistas y, asimismo, donde el gobierno entrante debe fijar con claridad su postura respecto al avance de esta agenda. Lo anterior ha tenido impacto en desarrollo de los compromisos del tercer plan de acción, incluido el compromiso de igualdad que persigue el diseño de un sistema integral de cuidados.

En este contexto, a continuación presentamos una breve selección de los hallazgos del caso mexicano, que serán detallados posteriormente en el informe final del proyecto.

La práctica vs. la normativa
Las voces expertas en materia de género e igualdad sustantiva señalan a México con un avance normativo sobre todo en el entramado de instituciones como organismos autónomos y poderes con estructuras menos jerarquizadas. Ante eso preguntan ¿si bien hay avances en lo normativo, por qué esto no tiene un correlato en la práctica?
En la implementación la transversalidad del género a niveles institucionales apenas ha comenzado y quizá los avances más palpables se han dado en materia de paridad electoral, sin perder del horizonte la violencia política hacia las mujeres.

En cuanto a las condiciones de transparencia y las posibilidades para ejercer el derecho de acceso a la información (DAI), México parece tener un entramado normativo robusto pero con ciertas zonas grises, ya que la implementación para favorecer condiciones igualitarias, la información desagregada por género y otras variables que permitan identificar usuarios y necesidades específicas, son incipientes dentro de los mecanismos institucionales.

Ante esta situación las instituciones y liderazgos abiertos del gobierno mexicano impulsarán en los próximos meses un programa de socialización nacional del derecho de acceso a la información (PNSDAI), con el fin de implementar estrategias que permitan abatir estas desigualdades.

Este es uno de los puntos más importantes a resolver si se pretenden consolidar condiciones igualitarias para el DAI, frente a una reciente legislación nacional que apostó fuertemente por la vía tecnológica.

Un ámbito de urgente resolución en materia de apertura de la información, que además ayudaría a reducir la violencia ejercida hacia las mujeres, es el de acceso a la justicia. Organizaciones como “Equis: Justicia para las Mujeres” señalan la opacidad en materia de procesos judiciales, vitales para acceder a información sobre feminicidios y otros tipos de violencia. Aquí la legislación de transparencia y acceso a la información vigente presenta retrocesos que incluso han sido retomados por el Comité de CEDAW encargado de informar sobre la situación de las mujeres y su acceso a la justicia.

La tecnología como herramienta de cambio
En el cambio cultural se presenta el ámbito de disputa más importante y una reflexión recurrente apunta al impulso de narrativas que permitan abrazar la igualdad de nuevas maneras.

En este contexto hay que destacar un movimiento feminista menos institucional, más heterogéneo y sobre todo orgánico, donde se identifican cada vez más organizaciones que saben hacer uso de las nuevas tecnologías.

Entre las zonas urbanas y rurales se profundiza la brecha tecnológica y de alfabetización digital, situación que se ve reforzada por una brecha de género en donde los roles tradicionales como el tiempo dedicado casi exclusivamente por las mujeres al cuidado de otras personas, obstaculiza el ejercicio de sus derechos.

La brecha digital de género debe romper con ideas que apuntan a que han sido las mujeres quienes sirven a otras personas y no son ellas las que crean e inventan los avances científicos o tecnológicos.

Aquí es donde el trabajo de organizaciones de base, mujeres de pueblos indígenas y otros grupos de jóvenes, requiere del respaldo y acompañamiento de las organizaciones especializadas.

Datos abiertos para abatir desigualdades
Hay temas específicos de la agenda del gobierno abierto donde la apertura de datos y la existencia de bases de datos provenientes de instituciones oficiales no alcanza, ante eso ha surgido una emergencia de organizaciones, proyectos periodísticos, comunidades de tecnólogas que han realizado ejercicios propios.

Algunos de estos son los datos referentes a la violencia y seguridad, especialmente información desagregada por género e identidad, para temas como feminicidios o desaparición de personas, que toman tintes políticos complejizando su acceso.

En materia de datos sobre participación política y representación de mujeres indígenas o personas trans, o bien ante la violencia sexual ejercida contra niñas y adolescentes y su acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, las métricas oficiales son escasas o carecen del enfoque apropiado para comprender cómo aportan su solución.

El sistema penitenciario es otro de los temas pendientes, ya que son pocas las organizaciones que han comenzado a señalar la relevancia de las métricas desagregadas y la ausencia de datos, empezando por la situación de las propias mujeres.

Rendición de cuentas en deuda
En cuanto a la rendición de cuentas, el entramado institucional es complejo y de lenta implementación, el avance del Sistema Nacional Anticorrupción es el mejor ejemplo. En este rubro una de las consecuencias apunta a una deficiencia en los instrumentos de política pública que persiguen la identificación de necesidades particulares.

Las voces expertas observan que solo una pequeña proporción de las intervenciones federales, estatales y municipales cuentan con el diseño adecuado para diferenciar entre mujeres y hombres por tipo de apoyo, modalidad de entrega y selección de beneficiarios, sin mencionar otras variables sustantivas como el origen étnico o la identidad. En este eje la transversalidad del enfoque de género dentro la política social señala que sólo cuatro de cada diez programas estatales tienen entre sus objetivos la promoción de la equidad.

Los retos de la participación
En materia de participación, nuevamente, el marco normativo parece fortalecer condiciones igualitarias, pero las expertas consultadas señalan una relación inversa entre la participación de los grupos de mujeres que no provienen de las capitales y de las zonas de mayor desarrollo y la falta de espacios seguros para la construcción de compromisos en el marco del gobierno abierto.

Donde hay crisis territoriales, de violencia y persecución a periodistas o personas defensoras de derechos humanos, es poco probable asegurar su participación en mecanismos de co-creación.

Esto quiere decir que en el ámbito legislativo se pueden haber presentado avances, pero en contraste la visibilización y evolución de diversas formas de violencia hacia las mujeres está presente, por el hecho de existir una redistribución del poder que se ve reflejada en los espacios de participación y de toma de decisiones.

Repensar la articulación
Para concluir esta selección de hallazgos, en cuanto a la participación para la construcción de planes de acción y la conformación de los compromisos de gobierno abierto, las personas implementadoras coinciden en que la participación femenina siempre ha sido más amplia y equilibrada desde la sociedad civil que del lado del servicio público, esto se refleja mejor a nivel de toma de decisiones y los espacios del secretariado son el ejemplo más empleado.

Un hallazgo relevante indica que los procesos de articulación de grupos de mujeres practicantes de los principios de gobierno abierto, no obedecen necesariamente a la existencia de los procesos en su forma más institucionalizada, sino a la necesidad de generar difusión de sus actividades y de una articulación enfocada al aprovechamiento de desarrollos tecnológicos, al uso de datos abiertos y a la vinculación con otras organizaciones y especialistas en acceso a la información o en procesos de participación.

Aquí se observa que el tamaño de las organizaciones y grupos de base determina su capacidad de incidencia, continuidad y acompañamiento de los procesos de gobierno abierto. Lo que para algunas de las voces consultadas hace necesaria la generación de un mecanismo de colaboración continua, que fortalezca la interseccionalidad del género en la agenda y articule de forma fluida y sistemática su participación.

Esta selección de hallazgos es una muestra de los espacios de oportunidad pero, sobre todo, de los retos que en México podrían discutirse para la consolidación de una propuesta como FOGO.

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