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Susana Soto (Abriendo Datos Costa Rica)

Por muchos años, Costa Rica ha sido señalado como un referente en la región latinoamericana con relación a la adopción de instrumentos internacionales, la construcción de un marco normativo y la puesta en marcha de programas y políticas públicas orientados a ampliar y hacer efectiva la protección de los Derechos Humanos y el reconocimiento de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, apegándose a los principios que caracterizan a un Estado democrático de derecho. Esta búsqueda de la igualdad ha permitido y facilitado el avance en acciones estatales que buscan el resguardo de los derechos fundamentales de las mujeres. A partir de la segunda mitad del siglo pasado y, particularmente en los primeros años del presente, se han presentado avances importantes en la legislación y la implementación de planes y programas nacionales que buscan el acceso de las mujeres a un ejercicio más pleno de sus derechos.

Estos avances no surgieron espontáneamente desde la voluntad estatal, fueron el producto de una época de luchas por parte de los movimientos de mujeres organizadas que desde diversas perspectivas fueron generando espacios de incidencia, que no siempre han sido fluidos y libres de obstáculos. En este sentido, la historia no es diferente de la del resto de la región, como tampoco lo es la realidad que muestra que, a pesar de lo alcanzado, la situación sustancial de las mujeres muestra aún que lo establecido en leyes y políticas, evidencia brechas en los resultados esperados sobre la calidad de vida y el ejercicio de sus derechos y, tal y como lo señala el informe del Segundo Estado de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica, cuanto más cerca se está de la vivencia cotidiana, más discriminación existe.

Esta brecha entre el discurso estatal y la vivencia cotidiana, que se manifiesta en violaciones constantes a los derechos como el acoso callejero, la distribución inequitativa de las tareas de cuido y atención del hogar, el incumplimiento de mandatos legales como la creación y aprobación del protocolo de aplicación del artículo 121 del Código Penal que, hace más de 40 años, estableció la impunidad para el aborto terapéutico, ha venido a generar un creciente malestar en las organizaciones que trabajan por estos y otros derechos de las mujeres y un distanciamiento de la institucionalidad, cada vez marcado por la desconfianza.

En este contexto, que no es ajeno a otros movimientos sociales, ni tampoco a otros países, Costa Rica se une en el año 2012 a la Alianza para el Gobierno Abierto, adhiriéndose a los principios de transparencia, participación y colaboración para la búsqueda del establecimiento de una nueva relación con la ciudadanía y la mejora sustancial de la eficiencia e impacto en las políticas públicas que promueve, entre otras cosas esa plataforma. Actualmente, se encuentra implementando su tercer plan de acción en el que, por primera vez, se plantea un compromiso específicamente dirigido a las mujeres y además vinculado con el Objetivo de Desarrollo No. 5 que busca la igualdad entre géneros.

¿Es suficiente la existencia de un compromiso plasmado en un plan de acción para decir que los procesos de gobierno abierto aportan a la reducción de brechas y las metas de igualdad? ¿Han sido inclusivos los procesos de gobierno abierto en Costa Rica? ¿Qué potencial tienen estos procesos para facilitar y fortalecer los avances en el cumplimiento de los derechos de las mujeres? ¿En qué medida son sensibles al enfoque de género los procesos que tienen como objetivo co-crear la apertura en los Estados? Estas y otras interrogantes han guiado el trabajo que a través de esta investigación busca generar insumos para la construcción de una visión de gobierno abierto feminista (FOGO, por sus siglas en inglés).

Si bien es un trabajo aún en proceso,  existen hallazgos preliminares sobre los que resulta interesante comenzar a conversar, en el caso de Costa Rica.

 

Gobierno Abierto con rostro de mujer

“En Costa Rica, durante toda la administración anterior, el Gobierno Abierto tenía rostro de mujer”. Esta es la oración con la que el investigador del Mecanismo de Reporte Independiente de la Alianza (IRM por sus siglas en inglés) para el Gobierno Abierto en Costa Rica inicia la conversación que sostuvimos para esta investigación. Esta se refiere al liderazgo que tanto desde gobierno como desde sociedad civil, fue ejercido por mujeres. La entonces Viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, acompañada por un equipo encargado de la agenda de apertura, con mayoritaria presencia de mujeres, así como las representantes de organizaciones como Abriendo Datos Costa Rica y Costa Rica Íntegra, que conformaron la primera Comisión Nacional por un Gobierno Abierto, fueron figuras que a través de su trabajo generaron empoderamiento de otras mujeres con acciones intencionadas propiciar una mayor participación de las mujeres y la inclusión de compromisos con enfoque de género que inicia con el trabajo de co-creación y la implementación del segundo plan de acción y culmina en el tercero, con la inclusión de compromisos específicos para las mujeres.

“Todas éramos mujeres jóvenes que veníamos del activismo estudiantil y feminista y eso nos hizo ver en Gobierno Abierto una posibilidad para, desde nuestros nuevos roles, luchar por la agenda de derechos de las mujeres”, señala una ex-funcionaria de este equipo de gobierno, ahora desde su rol como activista en el Movimiento Aborto Legal.

Pero el liderazgo femenino en gobierno abierto no ha sido exclusivo de una administración y ya desde su inicio, la responsabilidad de la implementación del primer plan de acción de gobierno abierto estuvo a cargo de la entonces Directora de Gobierno Digital, Alicia Avendaño, en un gobierno liderado por la primera presidenta que tuvo el país.

Pareciera haber coincidencia en que la presencia de mujeres en las instancias coordinadoras y espacios de co-creación, ejerciendo roles de liderazgo, ha sido un factor que impulse mayor participación y, sobre todo, presencia de los temas vinculados a derechos de las mujeres. Aunque debe recordarse que la participación de mujeres líderes, no implica compartir el enfoque de género. Esto ha variado en la actual administración y por lo tanto se abre una oportunidad de contraste para esta percepción.

 

Las participación de las mujeres en la co-creación

En términos numéricos, la participación de las mujeres en los procesos de co-creación de gobierno abierto en el país, ha sido significativa. En esto, coinciden tanto las funcionarias, ex-funcionarias y activistas vinculadas al trabajo por la apertura, como el investigador del IRM. Sin embargo, para representantes de gobierno y organizaciones, esta sigue siendo deficitaria, tanto en cantidad como en anhelo manifiesto por todas de que no se trate solo de mujeres participando sino de conceptualizar y tener presente a las mujeres en todos los espacios, como la mitad de la población que somos. Es decir, lograr que en todas las mesas y demás actividades de los ejercicios de co-creación, se aborden las problemáticas y sus posibles soluciones con enfoque de género.

¿Y qué obstáculos identifican para que esta participación se acerque más a lo esperado, en cantidad y calidad? Los principales podrían resumirse así:

-Gobierno Abierto se presenta, la mayoría de las veces como un tema muy técnico en el que hay que adquirir conceptos para involucrarse. Esta es una limitante para la participación de grupos de mujeres que lidian en el día a día con situaciones urgentes, como lo son las diversas manifestaciones de violencia que sufren las poblaciones con las que trabajan. “No hay tiempo para ponerse a estudiar, cuando nos están matando”, señala una integrante de la colectiva Ni Una Menos – CR.

-Las barreras genéricas para la participación de las mujeres relacionadas con el cuidado, atención del hogar y seguridad: no es sencillo para nosotras comprometernos en atender procesos que exigen participación en reuniones a lo largo de un período cuando no se cuenta con apoyo para las tareas domésticas o el cuido de hijos e hijas.

-La centralidad de los procesos. Si bien se han realizado esfuerzos, sobre todo en la elaboración del segundo plan de acción, por descentralizar el proceso de co-creación, este sigue teniendo su escenario principal en la capital del país. Esta es una situación que afecta doblemente a las mujeres que, por lo señalado en el punto anterior y si sumamos aspectos de seguridad en los desplazamientos, inciden en el resultado de no participación. A esto se suma además, el resentimiento que en muchas zonas fuera de la capital, se tiene hacia el Estado por lo que allí se considera abandono o desatención. No podemos obviar que el convocar a algo que lleva la palabra “gobierno” en su nombre, constituye de por sí un elemento de desconfianza para algunas poblaciones porque se sienten desprotegidas por este. Y las mujeres son una de ellas.

-La desconexión de los temas abordados con el enfoque de género: temas centrales en los ejercicios de gobierno abierto como las reformas legales anti-corrupción, acceso a la información, acceso a servicios o a Justicia, pocas veces son analizados en las mesas de trabajo desde la diversidad de los sectores y poblaciones, incluyendo a las mujeres.

A pesar de algunos esfuerzos pioneros como el del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, el sentir general es que el trabajo para generar una cultura y una definición de política pública basadas en datos sobre mujeres y sus derechos, apenas empieza. Y en esta situación están también las organizaciones de sociedad civil pues el ecosistema y las comunidades de datos abiertos, en general son incipientes en el país.

No obstante estos hallazgos preliminares que parecieran algunos no ser tan halagüeños, vale la pena cerrar señalando que se evidencia también una total coincidencia en que gobierno abierto, por las herramientas que puede poner a la disposición de las mujeres para una participación informada y con dinámicas innovadoras, se presenta como una excelente oportunidad para avanzar en las metas de igualdad y de lucha contra la violencia. Falta encontrar las formas para llegar con estos instrumentos a las organizaciones y movimientos que puedan hacer uso de ellas y generar pistas que contribuyan a lograrlo, es parte de los objetivos de este trabajo.

 

 

foto: Tico Lingo

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