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Durante la última semana de junio ILDA fue invitada a participar de la 6ta Conferencia Internacional de Investigación sobre Transparencia (GCTR) que se realizó en Río de Janeiro en la sede de la Fundación Getulio Vargas. Esta conferencia es un punto de encuentro de  académicos que trabajan, en diferentes puntos del planeta, en diversos aspectos de la transparencia. La primer edición de esta conferencia tuvo lugar en Rutgers (US) en el mes de mayo de 2011, bajo la dirección de la Dra. Suzanne Piotrowski, profesora asociada de la Escuela de Administración y Asuntos Públicos de la Universidad de Rutgers-Newark. La GCTR involucra académicos de una amplia gama de campos que incluyen sociología, antropología, ciencia política, administración pública, economía, economía política, periodismo, ciencias de la comunicación, negocios, historia, filosofía y leyes que estudian temas de transparencia gubernamental.

Desde ILDA presentamos dos de nuestros trabajos. Uno de ellos sobre plataformas de acceso a la información desarrolladas por organizaciones de sociedad civil y el otro fue sobre nuestro trabajo de estandarización de datos de femicidios (este proyecto, en sus comienzos, ha contado con el apoyo de IDRC y Fundación Avina, mientras que el actual trabajo en América Central es sustentado por el BID). Junto con nuestras presentaciones se pudieron escuchar, asimismo, numerosos trabajos en áreas relacionadas con medio ambiente en Brasil, con salud reproductiva (por ejemplo con la presentación del trabajo de Artigo19), con violaciones a los derechos humanos en México y, como era de esperar, como la lucha contra la corrupción. (ver programa)

En todos los casos, aunque mucho más evidentemente en el caso de anticorrupción, la pregunta que rondaba en cada una de las sesiones parecería ser la necesidad de entender en qué medida la transparencia influye en todos estos temas. Hemos escuchado hasta el hartazgo frases como “el acceso a la información es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos”, “la transparencia erradica la corrupción”, “la publicación de datos mejora la prestación de servicios”. Si bien estas proclamas han sido herramientas de advocacy sumamente efectivas (como también la idea del acceso a la información como un derecho humano: ver Fumega (2016) pp.139-146), es necesario pensarlas con la rigurosidad que la disciplina académica conlleva. 

Numerosos textos han tratado de esclarecer esta relación entre transparencia y rendición de cuentas (y aún más, anticorrupción). Si bien mucho se ha escrito en los últimos años (Michener, Berliner, por nombrar solo algunos), no podemos de hacer referencia a uno de los textos más claros al respecto: The uncertain relationship between transparency and accountability de Jonathan Fox (2007). Claramente la transparencia (y, por ende, las herramientas para hacerla efectiva como las leyes de acceso a la información y las políticas de apertura de datos) es un elemento necesario a la hora de pensar cómo mejorar la relación entre los ciudadanos y las gobiernos. De todos modos, la sola idea de poder acceder a determinada información o datos (de publicación reactiva o proactiva) es condición necesaria pero lejos se encuentra de ser suficiente para poder alcanzar niveles más bajos de corrupción o mejor prestación de servicios. Si bien no estamos descubriendo nada que no se haya mencionado antes, es necesario repetirlo no solo para ser responsables con nuestras afirmaciones sino también para entender donde están los vacíos en la literatura académica y en los pilotos que luego basamos sobre esa literatura. 

Junto con esta idea de que la transparencia es condición necesaria pero no suficiente también se puede pensar (tiro la piedra y escondo la mano para que cada persona que lea estas líneas pueda elaborarlo, si así lo quiere) si es necesaria la transparencia cuando los problemas de corrupción o de ineficiencia y/o ineficacia en la prestación de servicios públicos no están presentes. Es decir,¿la transparencia es un concepto que deseamos sea uno de los pilares del accionar de todo organismo público en un sistema democrático o es solo deseable en tanto y en cuento los ciudadanos no reciben la calidad de servicios que deberían o a los cuales anhelan?¿Es la transparencia un valor en sí mismo o es válida en tanto y en cuanto nos permita alcanzar fines que consideramos valiosos?

Más allá de todas estas preguntas y las discusiones conceptuales, en América Latina, nos encontramos con prestaciones de servicios deficitarias y con numerosos casos de corrupción. De esa manera, la pregunta o nuestra guía debería ser, cómo logramos alcanzar ese umbral mínimo al cual hacemos referencia cuando hablamos de transparencia sino también cómo hacemos que la información y datos que se desprenden de la implementación de este concepto puedan encontrar los canales institucionales apropiados y los actores dispuestos para que alcancemos mejor calidad de vida para toda la ciudadanía?  ¿Cómo hacemos para que la información ayude a la entrega de servicios eficientes, transparentes y efectivos? En línea con estos interrogantes, desde ILDA seguimos trabajando en esta conexión para lograr una América Latina más igualitaria e inclusiva.

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